Aparecieron en el escenario energético hace ocho años para tapar los baches críticos de la generación eléctrica y desde entonces mantuvieron una competencia “civilizada” en casi todas las licitaciones.

Pero ahora, ante el final de ciclo que sobrevuela en el Gobierno y los problemas internos que afectan a ENARSA, ese clima de tolerancia se evaporó para dar paso a una fuerte disputa en el sector de las empresas proveedoras de usinas de bajo porte y equipos de generación transportables.

Los cortocircuitos planteados entre las compañías que se dedican a la denominada “generación delivery” se focalizan en una adjudicación que tiene demorada ENARSA y en una nueva licitación que está por salir a la calle pero que ya ha despertado suspicacias.

El disparador de la pelea entre las proveedoras de pequeñas y medianas usinas es la tardanza que arrastra el directorio de ENARSA en la adjudicación de las ofertas del “Programa de Generación Distribuida” (GEED) VII.

La licitación del GEED VII había arrancado en el segundo semestre de 2014 con el fin de contratar un “paquete” de hasta 738 MW destinados a 13 puntos críticos de la región metropolitana, la provincia de Buenos Aires y el interior de Córdoba.

El 19 de diciembre pasado se presentaron 12 ofertas a cargo de las siguientes empresas: UENSA, APR Energy, Aggreko, Elektrogen, Industrias J.F. Secco y Sullair. Tras varias semanas de análisis, la comisión evaluadora emitió un dictamen que puso fuera de carrera a tres competidores y dejó en pie a solo tres oferentes. En la lista de las empresas descalificadas quedaron APR Energy (que había presentado la mayor cantidad de ofertas), UENSA y Elektrogen.

En tanto, entre las ofertas declaradas “admisibles” quedaron las correspondientes a Aggreko (Matheu y Bosques), Secco (Ramallo) y Sulllair (El Totoral).

Pese a que estaba en condiciones de adjudicar las usinas a principios de marzo, el directorio de ENARSA dejó pasar el tiempo sin resolver el tema.

En las últimas semanas se registró un fuerte lobby de APR Energy—a través de su representante Mario Messia-- para que las autoridades de la energética estatal revean el dictamen de su descalificación.

Esa jugada de la empresa provocó un fuerte cruce entre dos directores: Fernando Salim (el ex diputado nacional del PJ que llegó a ENARSA de la mano del ministro Julio De Vido) y la camporista, Alejandra Fernández Scarano que responde al ministro de Economía, Axel Kicillof.

Ahora la cuestión quedó para ser tratada en la próxima reunión de directorio que está agendada para el 29 de mayo.

El segundo motivo del conflicto abierto entre las proveedoras de usinas transportables gira en torno de la próxima licitación del programa GEED VIII. En este caso, lo que prevé salir a buscar ENARSA son otros 700 MW de “generación delivery adicional” para reforzar los suministros eléctricos en los puntos más vulnerables de las regiones del NOA, NEA y Litoral.

Acá también aparece en el centro del escenario la filial local de APR Energy, la multinacional que opera en 25 países y cotiza en la Bolsa de Londres.

En el Boletín de Negocios del Citibank de la última semana apareció un reporte con información provista por la empresa donde da a entender que ya se habría quedado con los 700 MW del GEED VIII.

Ese informe del Citi puso en estado de alerta a las competidoras domésticas de APR Energy que de inmediato fueron a chequear el dato a ENARSA.

Si bien los funcionarios de la compañía estatal que conduce el devidista Walter Fagyas les aclararon que aún no estaba en curso la licitación de la octava versión del GEED, las generadoras móviles no se quedaron tranquilas.

Si bien desechan la posibilidad de una adjudicación directa de los 700 MW en juego, la mayoría de las proveedoras de usinas no descartan que los pliegos para la nueva licitación vengan con alguna sorpresa que termine favoreciendo a APR Energy.