La Dirección de Matriculación y Fiscalización envío este viernes una nota a tres empresas agroindustriales intimándolas a que informen si efectivamente están exigiendo el pago de regalías a los productores en base a controles privados de la biotecnología incluída en las semillas, según pudo averiguar La Política Online.

La jugada oficial responde al debate generado por la denominada “cláusula Monsanto”, que implica la realización de testeos de camiones por parte de la multinacional (con apoyo de otras empresas del sector) para determinar el uso o no de la tecnología “RR 2” o “Intacta” de su semilla de soja, que cuenta con protección de las leyes de propiedad intelectual.

Las fuentes consultadas contaron que las cartas fueron enviadas a Compañía Argentina de Granos, Toepfer y ADM. En caso de que las empresas no respondan en el plazo de 10 días el Gobierno les hizo saber que serán suspendidas del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).

Esta decisión se encadena con una molestia similar con los directivos de las cuatro entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace que en las últimas horas emitieron un comunicado conjunto criticando al Gobierno nacional y a Monsanto.

El Gobierno no quiere perder su lugar de árbitro en torno a este debate sobre como controlar que los productores paguen por una tecnología debidamente registrada, y por eso marcó límites a ambos lados de la mesa.

Nuevo sistema 

El tema es que, tal como adelantó LPO, la semana pasada el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, presentó un nuevo sistema de control de semilla fiscalizada y uso propio controlado, cuyo rendimiento está siendo evaluado en estos días.

Por tal motivo, los representantes técnicos de las entidades y el segundo del ministro Carlos Casamiquela, acordaron volver a reunirse en unas semanas para analizar en detalle el funcionamiento del sistema de control de semillas.

Es más, en la última reunión entre las partes involucradas hubo consenso acerca del derecho de Monsanto de comenzar a cobrar por su producto, aunque se rechazó el método de testeo privado de camiones que implementó la empresa durante las ultimas semanas.

Es decir, en la pelea entre Monsanto y las entidades, el Gobierno arbitró a favor de los productores en el sentido terminar con la fiscalización privada de las empresas y del lado de la multinacional para que ésta pueda cobrar regalías por su producto.

El sistema implementado por Monsanto generó un fuerte rechazo de los dirigentes del campo que se mostraron molestos por lo que consideraron una suerte de aduana privada de la compañía para cobrar por el uso de una tecnología que está protegida por leyes de propiedad intelectual.

Así, por primera vez en el año tras el acuerdo entre Federación Agraria y el kirchnerismo, la Mesa de Enlace logró consensuar una posición conjunta sobre uno de los temas del momento en el sector agropecuario.

“Monsanto aprovecha la inacción del Estado para asumir el rol de fiscalizar la producción de soja e imponer así retenciones”, apuntó el sorpresivo comunicado que contó, después de mucho tiempo, con los logos de FAA, SRA, CRA y Coninagro.

“Exigimos a las autoridades nacionales que de manera urgente tomen cartas en el asunto para evitar que Monsanto o cualquier empresa privada, imponga un régimen inaplicable, arbitrario e inconstitucional”, señaló el comunicado.

En el Gobierno el comunicado despertó la furia de los funcionarios que venían piloteando las negociaciones, porque se había acordado sacar el tema de los medios mientras se trabajaba en una salida consensuada.