A la luz de alarma que se encendió la semana pasada cuando el Gobierno mendocino no pudo pagar los sueldos de los estatales el último día del mes, se suma ahora el atraso en el envío de fondos a las comunas mendocinas.

Los atrasos se dan en todos los casos, es decir, en departamentos gobernados por el oficialismo y también por los que encabeza la oposición. Entre los primeros se cuentan, por ejemplo, el populoso Guaymallén, gobernador por Luis Lobos, quien la semana pasada no pudo abonar los sueldos de funcionarios y concejales, aunque sí de los municipales.

Otro ejemplo es Maipú, cuyo intendente es Alejandro Bermejo, hermano del precandidato oficialista a la Gobernación, Adolfo Bermejo. En este caso, y según el propio intendente, la Provincia le adeuda unos 15 millones de pesos, “pero eso no hace peligrar las cuentas municipales”, aclaró.

Asimismo, en la comuna de Capital, gobernada por el radical Rodolfo Suárez, la deuda llega a los 22 millones de pesos, lo que ha disparado las alarmas de la municipalidad. Incluso, el jefe comunal le envió una carta documento al gobernador Paco Pérez emplazándolo a que haga efectivo el pago de lo adeudado.

Pero no sólo los municipios sufren. La semana pasada, y por primera vez desde el 2002, el Gobierno provincial no pudo pagar los sueldos a los estatales el último día del mes. Esto provocó malestar y un sonado cortocircuito con autoridades nacionales, cuando Pérez intentó culpar al Banco Nación por el retraso, acusándolo de no habilitarle el “habitual” sobregiro que la Provincia suele utilizar a fin de mes para pagar los sueldos.

Lo cierto es que más allá de esto, la recaudación provincial de impuestos desde que comenzó el año se ha ido retrayendo entre 3 y 4% por mes, lo que hace cada vez más difícil hacerle frente a todas las obligaciones.

Consciente de esto, Pérez mandó a sus funcionarios de Hacienda a elaborar un plan para emitir Letras por casi 1.000 de pesos, que serán destinados a intentar cerrar el año sin déficit (previsto en unos 1.200 millones).

Policías

Pese a los problemas financieros y aún con un frente gremial no cerrado (la paritaria con ATE continúa), Pérez, por decreto, definió un aumento en los salarios de los policías mendocinos de 35%.

La decisión la tomó apenas tres días después de que un nutrido grupo de familiares de uniformados se reuniera en la vía pública para exigir un aumento salarial. Inmediatamente, el gobernador puso a su ministro de Hacienda, Juan Gantús, a sacar cuentas, dio por decreto el aumento, lo que trajo “tranquilidad” a la autodenominada “familia policial”.