El secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, quedó en el centro de las sospechas por una maniobra para favorecer a una empresa manejada por Omar “Caballo” Suárez, que se quedó de manera poco clara con el transporte del primer cargamento de rieles chinos, ahora frenado por la Aduana.

Como reveló LPO, el transbordo de los 30 mil toneladas de rieles a barcazas de bandera boliviana que tienen que llevarlos al puerto chaqueño de Barranqueras se encuentra frenado desde mediados de marzo por Aduana, que detectó que el “waiver” que autorizó el traslado por parte de la firma Maruba no se ajustó a la normativa.

Es que para una operación de este tipo la empresa debió solicitar a la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, que conduce Sergio Dorrego, un permiso especial (waiver) para poder utilizar barcazas con bandera de Bolivia, algo establecido en el artículo 6 de la Ley de Cabotaje (que regula la navegación y comercio interno). Maruba comenzó la descarga sin ese permiso con lo que habría violado esa norma, según denunció la empresa Fluvialba, que también participó de la licitación.

Fuentes del sector dijeron a LPO que tanto la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo como la Prefectura le informaron a Maruba que necesitaba el waiver, sobre todo existiendo barcazas de bandera argentina en el mercado. Pero la firma nunca habría solicitado de manera formal el permiso.

En cambio, recurrió directamente a la Secretaria de Transporte que conduce el devidista Alejandro Ramos. La empresa argumentó que como las barcazas no son tripuladas no necesitan waiver, pero la ley refiere en realidad a la matrícula y no hay salvedades de ese tipo. Ramos emitió el permiso, obviando que solamente puede otorgarlo la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, la autoridad de aplicación de la Ley de Cabotaje. La secretaria que él conduce traspaso la potestad de emitir los “waiver” hace varios años.

La versión inicial indicaba que la empresa recurrió a Ramos por la demora de Dorrego en entregar el permiso que reclamaba la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que fue la que adjudicó la licitación a Maruba. La ADIF es manejada por Ariel Franetovich, hombre de extrema confianza de Florencio Randazzo.

El costo de la pelea Mientras las distintas dependencias del Gobierno dirimen la disputa interna por la autorización a Maruba, el Estado debe hacerse cargo de una multa por el buque varado. El sobrecosto sería de unos US$ 15 mil diarios, aunque otras fuentes creen que por ser un barco nuevo la multa debe oscilar entre los 40 mil y 50 mil dólares por día.

No obstante, según supo este medio, Dorrego ya había advertido a la empresa que no podría otorgarle el “waiver” e incluso habría recomendado que lo ideal sería frenar la operación hasta tanto haya alguna empresa habilitada para llevar los rieles desde Buenos Aires hasta Barranqueras. Ante la negativa seguro, Maruba recurrió a la Secretaría de Transporte.

Es por eso que la mencionada Fluvialba presentó una denuncia contra Maruba por presunta violación de la Ley de Cabotaje al cargar rieles en dos barcazas de bandera boliviana sin el waiver de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo.

Fluvialba considera que su competidora rompió los procedimientos legales y que utilizó números falsos para completar el registro en el Sistema Informático Maria, en el cual se debe incluir el número de fax que envía la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo habilitando la carga, algo que no existió por lo que podría existir haber sido falsificado.

Las oficinas que conducen Ramos y Franetovich tienen interés en apurar la operación ya que el bloqueo de los rieles le impide a Randazzo apurar las obras de renovación de vías que tiene previsto iniciar en el NEA y NOA con los insumos y equipos ferroviarios chinos.

Ramos responde a Julio De Vido, quien tiene una relación cercana con el titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). “Caballo” Suárez, hasta el año pasado el sindicalista preferido de Cristina Kirchner, cayó en desgracia cuando la Justicia lo procesó por entorpecer la navegación de buques en el puerto y paralizó todo el movimiento de embarcaciones. "Ahora tóquenle el timbre a Cristina para que me baje la causa", le dijo en ese momento a los empresarios.

El año pasado Suárez también quedó en el centro de las sospechas cuando sindicalistas disidentes del SOMU denunciaron una red de empresas que serían financiadas por fondos del gremio. 

Una de esas empresas que manejaría “Caballo” a través de allegados y parientes sería Maruba, de la cual fue director años atrás, cuando el SOMU intervino para salvarla de la quiebra y el Gobierno de los Kirchner facilitó su ingreso. La firma Mercantes SA, que maneja el sobrino de Suárez, tendría el 30% de las acciones de Maruba.