Al gobierno le faltan no menos de seis votos para aprobar el pliego de Roberto Carlés como juez de la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora parece correr el mismo destino del de Daniel Reposo, a quien la oposición bloqueó como procurador general en 20122.

Aquella vez, la presidenta no esperó a llegar al recinto y aceptó la derrota cuando Roxana Latorre, una aliada fija del Frente para la Victoria, anunció que no lo acompañaría e hizo imposible recolectar los dos tercios de los votos.

La escena pareció repetirse tras la comisión de acuerdos del martes, que trató el pliego de Carlés: la neuquina Lucila Crexell, la última aliada que sumó Miguel Pichetto, no firmó el despacho y avisó que, al menos, no votará a favor.

Su decisión puede complicar más las cuentas si se sienta a rechazar el pliego, pero tal vez no cambie mucho si deja su banca vacía, porque la Constitución exige para nombrar un juez los dos tercios de los presentes.

Más allá de los discursos, los ausentes también pueden ayudar, aunque deberán encontrar una excusa sólida para no ser acusados de cómplices.

Así las cosas, si Menem no aparece y hay otra banca vacía la misión del oficialismo será reunir 47 votos, al menos 7 más de lo que hoy puede mostrar como capital propio.

El escenario se le complicó en noviembre, cuando 28 senadores de la oposición firmaron un compromiso para rechazar cualquier candidato de la Corte propuesto por el Gobierno.

No firmaron Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo, pero aclararon que no pudieron llegar. O sea, si nada cambia, que el grupo que se opone a Carlés cierra en 30 de los 72 senadores.

Entre los 42 que quedaron afuera hay algunos votos que no serán fáciles de confirmar para el Gobierno, que en estos casos corre a Pichetto y opera directamente a través de Carlos Zannini y el jefe de Gabinete de turno, en este caso Aníbal Fernández.

El pampeano Carlos Verna decide su voto en soledad y suele hacer malabares para no quedar ni como oficialista ni como opositor, aunque en diciembre se animó a acompañar varios proyectos del Gobierno.

También es de hacer equilibrios la liberal correntina Josefina Meabe, aliada del FPV en algunas ocasiones, pero ausente del recinto hace varios meses por problemas de salud.

El punteo

La única opción del Gobierno es persuadir a varios de los firmantes de aquel documento a violar el compromiso a cambio de favores personales.

Los dos con antecedentes de ceder son el fueguino Jorge Garramuño y el neuquino Guillermo Pereyra. El primero reconoció en 2013 haber aprobado el acuerdo con Irán en Diputados a cambio de financiamiento para la su campaña electoral.

En la última sesión volvió a dar la nota: dio quórum para empezar la sesión que aprobó luego la nueva ley de inteligencia.

Por su cercanía al episcopado y el vínculo de Carlés con el Papa Francisco, quedó en la mira la puntana Liliana Negre de Alonso. Las dudas crecieron el martes cuando su jefe, Adolfo Rodríguez Saá, no estuvo en la sesión de Acuerdos. En su entorno aseguran que no se expondrá a un escarmiento público votando con el Gobierno.

Con las campañas electorales iniciadas no faltarán ofertas como aquella que confesó Garramuño para apoyar el acuerdo con Irán.

En 2012 el Gobierno buscó seducir a los catamarqueños Oscar Castillo y Blanca Monllau para que no aparezcan y ayuden a nombrar a Reposo, pero no lo logró. Ahora los encontrará desesperados por el retorno de Eduardo Brizuela del Moral a la gobernación.

Uno que supo ser tentando varias veces fue Eugenio “Nito” Artaza, tanto por el gobernador Ricardo Colombi (radical, pero capaz de apoyar a todos los candidatos en un mismo día para sumar recursos) como por su Julio De Vido, quien promovió su candidatura a gobernador en 2013, que terminó por debajo de los 3 puntos.

Una recordada ayuda al Gobierno en las tinieblas en plena campaña de 2011 fue la de Luis Juez, desaparecido del Senado este año, tanto que ni siquiera estuvo cuando le tocaba jurar como vicepresidente segundo.

Su rumbo político lo dejó descolocado: integra el interbloque del Frente Amplio Progresista, pero en Córdoba acordó con el PRO.

La última vez que intentó ser gobernador estampó la firma para darle dictamen al pliego de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central. El radical Oscar Aguad, que ahora trabaja con él, se lo recordó en la campaña.

Perdido quedó también Fernando “Pino” Solanas, desarmado Unen y sin destino en la Ciudad. A todo les debe estar sonando el teléfono, con alguna oferta tentadora.