El Gobierno tiene en carpeta un proyecto de ley para ampliar los miembros de la Corte a 9 miembros si no logra los dos tercios de los votos del senado el próximo 15 de abril cuando se debata en la Cámara Alta la postulación de Roberto Carlés, el candidato propuesto por Cristina Kirchner.

La tensión en el Senado se inhala, ya que el oficialismo requiere 48 votos, que debería lograr mediante una “negociación” con sectores del peronismo disidente u otros.

La especulación, sobre todo en el seno de la oposición, es si existirá alguna negociación “encubierta” que le permita al oficialismo lograr votos positivos o bien que algunos senadores se ausenten el 15 de abril para bajar el piso necesario y para obtener los dos tercios de los senadores presentes, como reza el texto constitucional.

El radicalismo no podría flaquear por el costo que le significaría en la campaña presidencial, pero además sus referentes firmaron un compromiso de no dar sus votos al joven penalista discípulo del ex ministro Eugenio Zaffaroni y actual empleado del senado bajo el ala del vicepresidente Amado Boudou.

Una jugada de Zannini

El impulsor de la propuesta de ampliar la Corte, es el Secretario de la Legal y Técnica, Carlos Zannini, quien además analiza la necesidad de ampliar en paralelo los miembros del Consejo de la Magistratura de 13 a 17.

La finalidad de ampliar la Corte se sustenta en dificultar la obtención de las mayorías para emitir sentencias. Es que actualmente el Máximo Tribunal, constituido por cuatro ministros, obtiene consenso con tres votos que consolidan la “mayoría automática”.

Si se extendiera a nueve miembros, la mayoría seria de cinco miembros, lo que resultará un arduo trabajo de diálogo y mediación del ministro que presida la Corte hasta lograr consenso, explican constitucionalistas.

Ricardo Lorenzetti, actual presidente del Máximo Tribunal junto a la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, ha sabido sortear obstáculos jurídicos y políticos, aunque los coletazos habrían generado un desgaste que puede percibirse en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, explican fuentes judiciales.

Para otros juristas, la posibilidad de contar con una Corte de nueve miembros enriquecería la discusión técnica, y ampliaría las miradas y posturas y podría sentar bases jurisprudenciales acordes a los Tribuales Internacionales, en consonancia con lo que sucede en los países más avanzados del mundo que incluso cuentan con Salas de especialización.

Si se proyectara una Corte con excelencia jurídica, el más beneficiado será el ciudadano, porque ante mayor cantidad de voces, mayor posibilidad de que derechos y garantías sean reconocidos, porque las perspectivas se ampliarían, explican juristas que ejercen la docencia en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

En tanto, respeto causas sensibles, el Gobierno en retirada podría lograr “impunidad” y “blindaje”, en el último estrado judicial del país. Aunque al próximo presidente se le dificultará lograr mayorías en causas en las que mantenga particular interés.

Por otro lado, la Corte y el Consejo de la Magistratura, institución que selecciona, sanciona y nombra jueces, se retroalimentan en el aspecto económico y financiero a través de un Comité de Inversiones, integrado por miembros de ambos órganos.

Lealtad

La ampliación a 17 miembros en la Magistratura permitiría al oficialismo nombrar los magistrados que a futuro le garantizarían “lealtad” y concentrar el manejo presupuestario en el Administrador General del Poder Judicial, que depende de éste órgano.

Mientras que por cuatro años más, La Cámpora mantiene la hegemonía política en el Consejo de la Magistratura para “disciplinar” a aquellos jueces que post 2015, intenten arremeter contra ex funcionarios, Cristina Kirchner o su hijo Máximo.

La grieta entre el Gobierno y la Justicia se profundizaría ya que para tres de los actuales ministros de la Corte, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti, el próximo presidente debería postular su candidato para dotar de aire fresco al Máximo Tribunal del país.

En tanto que Highton de Nolasco, la jueza más alineada al oficialismo, tras el retiro de Zaffaroni, comparte la idea de que sea Cristina la que nombre al quinto ministro, aunque tampoco simpatiza con Carlés.