La cautelar que podría frenar el acuerdo con China ya tiene nuevo Juzgado
La jueza Rita Ailan espera un informe del gobierno para luego emitir un fallo. Podrían declarar Kicillof, De Vido y Zannini.

La medida cautelar que solicita la suspensión de los acuerdos comerciales con China por u$s 30.000 millones pasó a tramitar ahora en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 4, a cargo de la jueza Rita Ailan quien por estas horas espera que el gobierno nacional le gire un informe sobre los convenios firmados con el gigante asiático.

Según pudo saber LPO, luego de analizar ese informe, Ailan podría citar a los ministros Axiel Kicillof, Julio De Vido y Carlos Zannini. En tanto, si decide dar curso a la acción de amparo, se paralizaría la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz. Igual destino tendrían acuerdos de cooperación y promoción minera y la instalación de bases espaciales en territorio nacional.

Pero además, los acuerdos financieros firmados entre China y nuestro país se verían afectados, toda vez que el Banco Popular Chino ya comenzó a inyectar al Banco Central argentino los 11 millones de dólares comprometidos en tres años en concepto de swaps (pases) que evitaron el quiebre de la entidad y la disparada del dólar a fines de 2014.

La acción de amparo había recaído originalmente en el juzgado 11 a cargo de María José Sarmiento. Sin embargo, la magistrada fue recusada por el Gobiernos Nacional por lo que se giró al juzgado 4.

Ahora, será Ailan quien trabaje sobre el amparo. Según establece la ley, la Magistrada deberá -antes de expedirse sobre el tema- requerir a la autoridad pública demandada (el Estado Nacional) que dentro del plazo de cinco días presente un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud. Luego, la jueza tendrá tres días hábiles para fallar sobre el tema.

La cautelar llegó a través del empresario y dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, que objetó los acuerdos comerciales quien solicitó la suspensión de los acuerdos comerciales con China por considerar que se hicieron por contratación directa y violando leyes nacionales y la propia Constitución.

Mediante "los convenios que se han firmado con la República China, se le ha adjudicado en contratación directa muchas obras y compras: la construcción de dos centrales nucleares y de represas hidroeléctricas. Compromisos por US$ 30.000 millones violan todos los principios de la Constitución Nacional, el régimen de contrataciones de la administración nacional, las leyes de la administración pública, de la ética en el ejercicio de la función pública".

Entre los acuerdos, objetó la construcción de dos centrales nucleares y la instalación de una estación espacial china en Neuquén. Respecto de la estación espacial, Mussa sostuvo que el Gobierno "no solicitó autorización al Poder Legislativo Provincial" de Neuquén. Los acuerdos con China fueron promulgados la semana pasada por el Gobierno nacional luego de la aprobación que le dio el Congreso.

Publicar un comentario
Para enviar su comentario debe confirmar que ha leido y aceptado el reglamento de terminos y condiciones de LPO
Comentarios
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento de terminos y condiciones será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
  • 1
    tomás paez
    27/03/15
    16:02
    Desde el Grupo de estudios de la realidad económica y social (GERES) los invitamos a consultar nuestro último informe, que se puede descargar desde el siguiente enlace

    http://economiageres.com/htdocs/Informestrimestrales/IVT2014.pdf

    Para más información y consultar nuestros informes anteriores, los invitamos a visitar nuestra página web

    http://economiageres.com/

    Saludos
    Responder
Noticias relacionadas

La Justicia ordenó al Gobierno que informe sobre los acuerdos con China

La jueza Sarmiento dio trámite a una medida cautelar que reclama la suspensión de los convenios.