Algunos funcionarios de peso del Gobierno nacional consideran que todavía falta “la frutilla del postre” para terminar de sellar la flamante alianza política con la nueva conducción kirchnerista de Federación Agraria (FAA).

Es que, a la apertura de los créditos subsidiados del Banco Nación para pequeños productores, a las compensaciones a tamberos de hasta 3000 litros de producción y a la segmentación de retenciones, aún le resta un reclamo histórico de la entidad federada.

Y aquí se cuenta, obviamente, la polémica Ley de Arrendamientos. La cuestión es que en el Gobierno saben que, al ser un año electoral, el Congreso prácticamente no tendrá actividad y será muy complejo poder impulsar nuevas normativas.

Por esto mismo, según pudo averiguar La Política Online, la orden que bajó desde el más alto nivel de la Casa Rosada es impulsar el cumplimiento de la actual Ley de Arrendamientos e, inclusive, actualizar algunos aspectos para complacer a la FAA.

Como era de esperar, y al tratarse de una cuestión eminentemente técnica, el tema salió de la órbita del Ministerio de Economía que conduce Axel Kicillof y fue a parar al Ministerio de Agricultura que encabeza Carlos Casamiquela.

El titular de la cartera del campo, entonces, derivó el asunto en su hombre de confianza, Gabriel Delgado, quien, además de tener buena relación con la mayoría de los sectores del campo, es un profesional proveniente del INTA que conoce en detalle la cuestión.

De hecho, la semana pasada, el segundo de Casamiquela adelantó en una jornada técnica en el INTA Oliveros que va a convocar a distintos actores del sector agropecuario para comenzar a trabajar en la actualización de la Ley de Arrendamientos.

“Con un contrato de varios años se mantiene una rotación (de cultivos) adecuada y facilita el control de malezas. Pero cuando esto no ocurre hay más probabilidad de encontrar malezas en estado avanzado restando competitividad a la producción”, explicó Delgado.

Y es aquí por donde pasa el principal punto de conflicto dado que la actual Ley 13.246 -sancionada en 1948 durante el gobierno de Perón- establece un plazo mínimo de tres años en el contrato de alquiler del campo que actualmente no se cumple.

Justamente en la FAA sostienen que dicho plazo está siendo violado por el avance de los grandes pooles de siembra que en los últimos años alquilaron millones de hectáreas y rompieron contratos históricos entre pequeños productores y propietarios de los campos.

Como sea, otros sectores que se oponen la fijación de plazos mínimos en los alquileres rurales señalan que los contratos son, en definitiva, acuerdos entre partes privadas en las que el Estado no debe tener injerencia.

“Los alquileres rurales se desarrollan con un importante margen de libertad contractual y fundamentalmente conforme a una serie de usos y costumbres desarrollados con el paso del tiempo”, aseguró en un documento la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo (FADA).

“Los proyectos para derogar la actual Ley de Arrendamientos no se ajustan a las modalidades contractuales actuales y a las formas de explotación habituales que requieren cada vez mayor libertad de contratación y no de intervención”, apuntó FADA.

“Cualquier discusión sobre la posible modificación de la Ley vigente debería darse con el tiempo y la seriedad suficiente en el debate y en el análisis de los cambios propuestos”, agregó la entidad creada en Río Cuarto por iniciativa de un grupo de empresarios del sector.

Así las cosas, lo concreto es que la apertura de la discusión sobre la Ley de Arrendamientos seguramente traerá un alto grado de polémica en el sector dado que la posición de la Sociedad Rural (SRA) y CRA difiere notablemente en relación a la visión de FAA.