El ministro de Economía, Axel Kicillof, convocó para mañana a la tarde a los directivos de las empresas involucradas en la construcción de la central de ciclo combinado “Vuelta de Obligado”, cuyas obras ingresaron en una etapa de ralentización que ya causó la suspensión de 700 operarios de la Uocra y la crisis de numerosas Pymes que son subcontratistas del emprendimiento.

En la reunión estarán presentes ejecutivos de General Electric (GE), la española Duro Felguera y la argentina Fainser, que lidera el directivo de Adimra, Juan Carlos Lascurain.

Este grupo de empresas reclama por trabajos adeudados y ajustes por mayores costos –sobre todo por impacto de ajustes salariales que impuso la Uocra- unos 1200 millones de pesos, que en Economía estiman a menos d ela mitad. “Es posible que se cierre en torno a los 600 millones”, anticipó a LPO una fuente al tantod elas negociaciones.

La carga de la negociación caerá en las espaldas de Duro Felguera, que ayer envió desde España a unos de sus directivos. Esta firma es la que monta en todo el mundo las turbinas de General Electric (GE). La compañía norteamericana le cedió ese derecho a cambio de que se haga cargo de todas las contingencias legales de los contratos que obtengan.

En ese caso, por atraso en la obra, Economía podría aplicar a Duro Felguera una multa de u$s 30 millones. Por eso en el gobierno creen que finalmente aceptarán la cifra propuesta.

Localizada en Timbués (Santa Fe), se trata de una usina térmica de ciclo combinado de 810 MW valuada inicialmente en torno de los US$ 850 millones.

La primera etapa de la usina –que pertenece a la sociedad conformada por la generadora local Sadesa , Endesa (del grupo italiano Enel), la norteamericana Duke y la estatal Enarsa—fue concluida en diciembre del año pasado cuando entró en servicio el “ciclo abierto” de 540 MW.

A partir de ese momento comenzaron a surgir las primeras complicaciones de la obra, las cuales se han agravado en las últimas semanas por la falta de pago a los subcontratistas y la suspensión temporaria de 700 operarios de la UOCRA que trabajaban en el cierre del “ciclo combinado” para añadir otros 270 MW.

Fuentes al tanto de la obra explicaron a LPO que la obra se ralentizó por decisión de General Electric y Duro Felguera, porque el Gobierno demoraba el reajuste de los costos. Los contratistas sufrieron el impacto fuerte de un ajuste de los salarios que la Uocra impuso en agosto del 2013, por un 30 por ciento extra.

Especificamente está casi frenada la obra civil de la construcción de la toma de agua ubicada sobre el río que debe aportar el agua para refrigerar la central. Se trata de una obra clave que demanda una inversión de 350 millones de pesos.

Pero no sólo el rubro salarial impactó en la ecuación económica, también hubo mayores costos por los cambios que las exigencias de los técnicos oficiales introdujeron al proyecto original.

El Gobierno pretende tener terminada la obra antes de las primarias de agosto, para sacarle el obvio rédito electral. Pero los contartistas explicaron a LPO que esto es técnicamente imposible. “Si todo sale bien y los fondos fluyen de manera normal, se podría terminarla en noviembre”, explicaron las fuentes. Luego su habilitación comercial –trámites burocráticos mediante- podría extenderse hasta abril del año que viene.

La negociación de cualquier manera se impone, porque la UOCRA amenaza con cortes de rutas y piquetes en las terminales portuarias cercanas a Rosario si no se frenan las suspensiones y despidos.

Además, los subcontratistas locales reclaman una deuda de alrededor de 400 millones de pesos por trabajos efectuados en el segundo semestre de 2014 que ya fueron certificados y pagados por el fideicomiso del proyecto.

La construcción de la usina “Vuelta de Obligado” comenzó a gestarse a principios de 2011 como una iniciativa puramente privada. Fue impulsada por Sadesa, Endesa y Duke Energy con los fondos que les adeuda el Gobierno y que forman parte del FONINVEMEM, el mecanismo creado por la administración kirchnerista para canjear el pago de las deudas estatales por nuevas inversiones en generación.

Inicialmente, las generadoras privadas tenían previsto destinar por esta vía el equivalente al 70% de la inversión, mientras que el resto se iba a cubrir con aportes adicionales del Estado.

Tras la adjudicación de la obra Duro Felgueras-General Electric, el Gobierno metió mano en el proyecto para introducir dos cambios relevantes. En primer lugar, pidió que el grupo adjudicatario incorpore como socia y proveedora de una parte de las calderas y de los montajes y servicios termomecánicos a una empresa local. La elegida fue Fainser que ya había trabajado con general Electric en la construcción de una central de Villa Gesell.

Y en segundo lugar y a cambio del aporte estatal para completar la inversión, el Gobierno sumó a Enarsa como nueva socia del consorcio que detenta la propiedad de la central.