Amenazas
Preocupación de jueces y fiscales por la débil seguridad de los tribunales de Comodoro Py
Tras la muerte de Nisman y las amenazas a Bonadío y Marijuán crece el temor entre los magistrados.

Desde este lunes, policías de la Federal certifican la identidad de cada abogado, empleado o funcionario judicial que ingrese al edificio de los tribunales federales ubicados sobre la Avenida Comodoro Py 2002, por orden de la presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa.

La decisión -que insólitamente recién se toma ahora- se instrumentó tras las amenazas que sufrieron tanto el juez federal Claudio Bonadio como el fiscal Guillermo Marijuan. Y refleja el mal clima que se vive en Comodoro Py, donde crece la preocupación por la falta de seguridad.

Para los magistrados, las graves falencias en seguridad que presenta el edificio colocan en riesgo a jueces y fiscales que desde la muerte del fiscal Alberto Nisman, empezaron a darle otra entidad a las amenazas que venían recibiendo.

El edificio de Comodoro Py, donde se instruyen la mayoría de las causas de corrupción que incomodan al poder, carece tanto de molinetes de ingreso como detector de metales. Además, no hay cámaras de seguridad en la recepción, en los pasillos y en los lugares más sensibles.

Otro motivo de inquietud es que las comunicaciones de los teléfonos fijos estarían intervenidas de manera permanente por la Secretaría de Inteligencia, hoy a cargo de Oscar Parrilli.

Tras sufrir varios robos de banderas, de documentación, expedientes e incluso artefactos sanitarios, manijas de bronce y otros elementos, el edificio de Comodoro Py sólo cuenta con un jefe de Seguridad y quienes lo asisten son jubilados de las fuerzas de seguridad.

Además, el único destacamento policial de esa jurisdicción fue desalojado los primeros días de febrero, al retormarse la actividad judicial porque allí se construirá el edificio de la Morgue Judicial.

Consciente de este clima, Figueroa -que responde al influyente secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini-, habría tomada la iniciativa de “sentar pruebas” ante posibles actos de vandalismo, pérdidas de expedientes o incendios como ya ocurrieron en las oficinas del juez Norberto Oyarbide y en la cocina de la Cámara Federal, lo que obligó a desalojar las instalaciones.

Las amenazas

Tanto Bonadio como Marijuán recibieron amenazas por correo directamente en sus escritorios porque no existen medidas de seguridad ni control o revisión de la correspondencia. “Podrían mandar un explosivo, y llegar directamente al despacho del magistrado”, explicaron a LPO fuentes de Comodoro Py.

El 5 de febrero el juez que investiga a la empresa hotelera Hotesur S.A de la familia presidencial, recibió una carta configurada con recortes de diarios en la que le advertían sobre la situación de su hijo y el posible armado de una causa contra él por narcotráfico.

Mientras que el 6 de mayo de 2013, el fiscal Guillermo Marijuán, que impulsa la investigación de lavado de activos contra el empresario Lázaro Báez, sufrió amenazas a través de un escrito que decía "Pará de joder. Te vamos a limpiar a vos y tu familia", según explicó a los medios el abogado y amigo del funcionario, Andrés Rabinovich.

Tras el feriado de la Semana Santa de 2005, el fiscal federal Eduardo Taiano, que debía apelar el sobreseimiento del matrimonio presidencial por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, recibió la amenaza del secuestro de su hijo.

En el año 2012, Carlos Rivolo, el fiscal que investigaba al vicepresidente Amado Boudou por la adquisición ilegal de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, recibió amenazas de muerte. Luego fue apartado del “Boudogate” junto al juez Daniel Rafecas.

El 26 de octubre de 2014, el fiscal Carlos Stornelli fue atacado por siete colombianos en un confuso episodio de robo y tiroteo en las inmediaciones del aeroparque Jorge Newbery.

Durante el 2014 las amenazas se ampliaron a otros magistrados, muchos de los cuales las mantienen en reserva.

La Cámara en Casación en pleno le habría hecho llegar por escrito el pasado 3 de febrero su inquietud por esta situación tanto a la Corte Suprema como al Consejo de la Magistratura. Ambos órganos son los encargados del manejo presupuestario del Poder Judicial a través del Consejo de Inversión que lideran Daniel Marchi, Contador de la Corte y Claudio Cholakián, Administrador General de la Justicia.

Los reclamos para que se instrumenten más eficientes medidas de seguridad se vienen realizando también desde la presidencia de la Cámara Federal a partir del año 2012, pero aún no han obtenido respuesta.

En los edificios más polémicos de la Justicia Federal no existiría efectiva seguridad para los funcionarios de instrucción donde se investiga al poder, ni en la segunda instancia de revisión o Cámara Federal como en el Máximo Tribunal Penal del país, que funciona en el primer piso, la Cámara de Casación.

Desde el 2012 e incluso durante el 2013, el entonces presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, también transmitió en mas de una oportunidad su inquietud, pero las soluciones no llegan.


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  • 1
    coneangeletti
    04/03/15
    22:44
    En Sta Fe capital, Rosario, sur de la pcia TODOS tenemos miedo por la inseguridad hoy te matan por nada, no es para nada normal, pero esta bien que sientan lo que siente la gente que labura y camina sin custodia, fueros o privilegios...a ver si son tan garantistas acuando les toca a ellos!
    Responder
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