El próximo presidente recibiría su mandato con una deuda pública total de más de U$S300 mil millones de dólares, equivalente al 58,8% del PBI, incluyendo los juicios de jubilados por reajustes de haberes. Sin contar ese concepto, la deuda sería de 283.024 millones de dólares: casi el 55% del producto del país.

Los datos se desprenden de un informe elaborado por la Fundación Libertad y Progreso que coordinó el economista Julio Pierkarz, en el que revelan que el proceso de desendeudamiento de que tanto se jacta el gobierno sólo se cumplió entre 2003 y 2008, cuando la Argentina cumuló un superávit fiscal financiero de U$S12.600 millones. A partir de entonces y hasta el 2013, la aparición del déficit fiscal provocó un crecimiento de la deuda pública en U$S51.000 millones.

La cifra coincide con el rojo de las cuentas públicas registrado en ese período, que sumó U$S63 mil millones y desciende a U$S52.000 millones si se le resta el excedente conseguido en los primeros cinco años del kirchnerismo.

"Entre 2008 y 2013, el Tesoro recibió 20.000 millones de dólares como utilidades del BCRA, lo que permitió expandir la base monetaria para financiar el gasto público sin aumentar la deuda, deteriorando el balance del Banco", plantea el reporte. "A este fenómeno se agregó el pago de deuda externa con reservas del mismo BCRA, para lo cual se emitieron títulos que incrementaron la deuda", añade. 

En total el BCRA financió al Tesoro por U$S30 mil millones de los US$ 52.000 millones mencionado más arriba, "parte del cual se transfirió como costo a la ciudadanía por mayor inflación, siendo esta inflación uno de los principales problemas a resolver", criticaron desde LyP. 

Además, "otra porción importante fue financiada por transferencias de la ANSES que tampoco pueden ser consideradas como ingresos genuinos, sino como incremento de deuda contra los futuros jubilados", reza el informe.  

“Luego, en 2014 y lo que va de 2015, el déficit fiscal se agravó de manera significativa, sumando aproximadamente US$ 66.100 millones, dejando un saldo negativo de los tres períodos de la administración Kirchner de 118.000 millones de dólares, básicamente surgido del enorme crecimiento del gasto público en comparación a la recaudación”, advierte el trabajo de Libertad y Progreso.

Es que, según la fundación, el año pasado el déficit fiscal llegó a 20.800 millones de dólares, que, sumado el déficit financiero dio un total total de 29.600 millones de dólares (cerca de 5,7% del PIB). Sumando las amortizaciones de capital, esto dio un total de necesidades de financiamiento para 2014 de US$ 43.600 millones.

De acuerdo a la entidad, ese monto se financió “con US$ 12.200 millones de renovación de capital y capitalización de intereses a la ANSES, unos US$ 23.700 millones provenientes del BCRA (US$ 9.100 millones como utilidades y US$ 11.800 millones como deuda y US$ 6.500 millones como Letras Intransferibles)”.

El documento precisa que “el 90% del déficit, 39.500 millones de dólares, fue cubierto por ANSES y BCRA y otros organismos intra-estatales”. En ese sentido, el informe recuerda que “el saldo fue emisión de deuda (con los Bonad y Bonar), además de Bonar 2024 para pagar a Repsol; en total por unos US$ 7.200 millones”.

A eso se le debe sumar US$ 3.700 millones de aumento de deuda con el Club de París, agregan. “Así, la deuda total del Tesoro aumentó en 37.240 millones de dólares en 2014 alcanzando el 50,1% del PIB”, puntualiza Libertad y Progreso.

Según la Fundación, “el 2015 es un año crítico que puede terminar con un déficit primario de US$ 25.100 millones, un déficit financiero total de US$ 36.500 millones, o sea 6,2% del PIB”.

Con US$ 13.800 millones de amortizaciones, las necesidades de financiamiento rondan los US$ 50.300 millones, calculan. “Estimamos que el financiamiento provendrá: US$ 7.300 millones de la ANSES; US$ 35.300 millones del BCRA (US$ 9.600 millones de utilidades, US$ 9.800 de adelantos transitorios y US$ 16.000 millones de reservas a cambio de letras intransferibles), lo cual mantendrá una alta inflación. Faltarían unos US$ 7.600 millones, que pueden provenir de emisión de bonos locales e internacionales. Suponemos un acuerdo con los Holdouts por US$ 20.000 millones en bonos a mediano plazo. Así, la deuda total bruta ascendería a 51,8% del PIB”, destacaron desde la entidad.