Argentina recorrió en los últimos años un largo camino por los tribunales de los Estados Unidos producto del reclamo que los fondos buitres -encabezados por NML Capital de Paul Singer- iniciaron en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de Thomas Griesa. Allí obtuvieron un fallo favorable por u$s 1.330 millones, que aún no ha sido pagado por el gobierno argentino.

NML Capital reclamaba que la Argentina pagara la totalidad de los bonos que tenían en su propiedad, sin ningún tipo de descuento, como sí se aplicó a los acreedores que ingresaron voluntariamente en los canjes que abrió el gobierno de Néstor Kirchner en 2005 y luego el de su mujer, Cristina Kirchner, en 2010.

Griesa no sólo emitió una sentencia en su favor, sino que estableció que no se podría pagar al resto de los acreedores hasta tanto no se pagar a los fondos litigantes, un modo de forzar al gobierno argentino a cumplir con la sentencia. La primera reacción del gobierno fue minimizar las potestades de Grisa, al ubicarlo como un juez de instancia menor, de un juzgado "municipal", como en más de una oportunidad lo llamo Cristina Kirchner.

"Griesa parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal, de trocha muy angosta. No es un juez federal siquiera, sino algo así como un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y salta a la fama mundial como el único ogro de la historia", aseguraba el entonces miembro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, uno de los jueces más cercanos al gobierno.

Pero el camino de las apelaciones no sería sencillo: la Cámara avalaría la sentencia y la Corte Suprema no tomaría el caso argentino. Así, la última herramienta que visualizaron los asesores jurídicos del gobierno argentino fue un pedido de "stay", esto es una medida cautelar que suspenda la decisión de Grisa para que Argentina pudiera realizar los pagos a los acreedores de bonos reestructurados hasta que se llegara a un posible acuerdo con los "holdouts". Y, así, el país no ingresaría en default.

Pero acaso el punto más interesante de la experiencia argentina es la idea de que los Estados Unidos y los capitales internacionales pretendían con esta maniobra "tumbar" el modelo argentina, una experiencia que, al parecer, representaría un peligroso caso de éxito. Incluso, varios dirigentes del kirchnerismo -como su jefe de gabinete, Jorge Capitanich- ensayaron la teoría de que los fondos buitres querían quedarse con los dólares que se conseguirían con la nueva estrella energética del sur: Vaca Muerta.

La diplomacia argentina intentó entonces solicitar la intervención del presidente Obama ante los juzgados de su país, pues según argumentaban la decisión de Griesa pondría en peligro las reestructuraciones de deuda en todo el mundo.

La pelea de Obama, caída de la teoría del complot

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acaso ya comenzó a vivir algunas de las históricas consecuencias de la fase más detestada por los mandatarios, conocida como "Pato Rengo", es decir la que vive un presidente sin posibilidades de reelección que encara la recta final de su último mandato.

En ese contexto, es también un juez de una corte "menor" o de "trocha muy angosta" -como diría Zaffaroni-, en este caso por el Distrito Sur de Texas, quien bloqueó temporalmente la orden ejecutiva migratoria que permitiría regularizar el estatus migratorio de alrededor de cinco millones de migrantes sin papeles.

El juez de primera instancia Andrew S. Hanen tomó el reclamo de 26 estados que consideraron que Obama había sobrepasado sus funciones y autoridad legal. El principal impulsor, el gobernador de Texas Greg Abbot, estado fronterizo con México.

La respuesta institucional del gobierno de Obama fue, también, la presentación de un "stay", con el argumento de que el bloqueo de la acción impulsada por el gobierno representa una "amenaza a la seguridad nacional".

"Existe una docena de estados y el Distrito de Columbia que han declarado que implementar estas acciones ejecutivas va a ser algo bueno para los estados, que el impacto económico de estas medidas es positivo, desde crear empleos hasta fortalecer el sistema de retiro", declaró el vocero presidencial, Josh Earnest.

Especialistas ya prevén una respuesta negativa del juez Hanen, por lo que los abogados del Departamento de Justicia del gobierno de OBama deberían presentar, en paralelo, una apelación en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans.

Lo cierto es que, más allá del resultado final de este proceso, el traspié judicial que transita el gobierno de Obama da por tierra con la teoría del oficialismo argentino: el propio presidente de los EEUU debe recorrer el mismo camino y utilizar las mismas herramientas jurídicas que usó la defensa argentina en su litigio con fondos buitres.