El Gobierno dio un nuevo paso en su guerra contra el ex director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI) Antonio "Jaime" Stiuso. Tras la presentación del fiscal Gonella por lavado de dinero, ahora Oscar Parrilli lo denunció por "contrabando agravado y evasión tributaria".

El titular de la SI acusó a Stiuso y otros dos ex espías (Alejandro Patricio y Nicolás Mercado) de comandar una red que ingresaba al país productos importados sin declararlos ni tributar impuestos, amparados en la ley de Inteligencia Nacional 25.520.

Durante una rueda de prensa en Casa de Gobierno, Parrilli señaló que la mercadería, en la que había "material oftalmológico, material médico, de entretenimiento electrónico para chicos, material para computadoras", fue traída en operaciones realizadas en los últimos dos años.

"Gracias a información brindada por la Aduana pudimos llegar a la conclusión que, durante el 2013 y el 2014 se realizaron 67 importaciones por 94 mil kilos que tipificamos como contrabando, porque no estuvo destinado a la SIDE ni a cumplir una función de la Secretaría", detalló Parrilli

Junto a su segundo, Juan Martín Mena, Parrilli informó que la información aportada en la denuncia surgió de un relevamiento sobre mercadería importada ingresada a la SI permitió determinar que el origen del faltante es "incierto" y "no se sabe el destino", ya que no fueron a ninguna oficina del organismo.

Parrilli habló de una "cuantiosa maniobra de contrabando" cometida por "un sector de los funcionarios de la secretaría en perjuicio del Estado" y "valiéndose del paraguas protector que da la ley". El funcionario intentó despegar a la antigua conducción y responsabilizó a "un área específica, la que dependía de Stiuso". En ese sentido, agregó que "mucha de esa mercadería ingresaba a nombre de Stiuso".

Por su parte, Mena indicó que se solicitará la colaboración de los países desde donde trajeron la mercadería para conocer el "contenido real" de los embarques. El subsecretario de Inteligencia afirmó que se librarán "exhortos internacionales" y que los delitos denunciados prevén penas de 4 a 10 años de prisión.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Penal Económico número 3, a cargo del juez Rafael Caputo.