La procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, fue citada a declaración indagatoria para el 26 de marzo por el juez federal Luis Rodríguez, acusada de no adoptar las acciones correspondientes contra el grupo español Marsans por el presunto "vaciamiento" de Aerolíneas Argentinas.

Así lo informó este mediodía el Centro de Información Judicial (CIJ) en su sitio web y precisó que la disposición del magistrado se dio en el marco de la causa número 10.022/2013, caratulada "Recalde Mariano y otros s/ abuso de autoridad […]", en la que en principio también estaban denunciados el titular de Aerolíneas y el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio de Vido.

Abbona, de 62 años, oriunda de Mendoza, militante de la agrupación pro china Vanguardia Comunista en los años '70, y abogada graduada en la Universidad de Córdoba, es una funcionaria histórica del kirchnerismo y está muy vinculada al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.

En los años '90 se desempeñó en las gobernaciones de Néstor Kirchner al frente de la Fiscalía de Estado. En 2004 pasó a ocupar la jefatura de la auditoría interna en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con Alicia Kirchner, y en 2007 volvió a la función pública en Santa Cruz al frente del tribunal de Cuentas de la provincia. En 2010 la presidenta Cristina Fernández echó al Procurador Joaquín Da Rocha y la colocó a ella.

Esta causa se inició por una denuncia del senadora radical Gerardo Morales, quien denunció que De Vido, Recalde y Abbona supuestamente no cumplieron con la ley de transporte aerocomercial que los obliga a denunciar los delitos cometidos en perjuicio del Estado y a presentarse en esas causas.

En diciembre pasado el juez Rodríguez le solicitó a distintos organismos del Gobierno nacional, entre ellos copia de un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que daba cuenta de supuestas irregularidades cometidas en Aerolíneas y que recomendaba denunciar los hechos, y a la Inspección General de Justicia (IGJ) le pidió copia de los balances de la empresa.

El senador Morales sostuvo que la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA hizo un informe a pedido del Ministerio de Planificación que daba cuenta de que el Estado le pagó a Marsans, empresa que controló Aerolíneas, 832.897.800 de dólares por la expropiación, le perdonó una deuda impositiva de 319 millones de pesos y que el Gobierno se hizo cargo de 500 millones de pesos de pasivo post concursal.

Además, señaló que la Facultad detectó que cuando Aerolíneas fue administrada de manera conjunta por Marsans y el Estado argentino se agregaron 310 millones de dólares de nueva deuda y que en 2011, cuando AA ya estaba estatizada, se pagaron otros 500 millones por un acuerdo preventivo del 2002, por lo que sugirió iniciar denuncias penales.

Morales también denunció que en la gestión de Recalde la empresa no presentó sus balances a la IGJ, lo que impide controlar el destino de sus fondos.

La causa se tramita por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento.