Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Alberto Nisman, solicitó hoy a la Defensoría General de la Nación brindar "patrocinio" a la familia del ex fiscal para denunciar el caso de su muerte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que un veedor internacional siga de cerca la investigación como ocurrió con el juicio por el atentado a la Amia.

En una audiencia pública brindada en el Senado junto a legisladores de la oposición, la jueza y ex esposa de Nisman exigió a las autoridades judiciales que investigan el caso "que se le dé el mismo tratamiento que a todos los procesos en trámite", según "el Código Procesal de la Nación, que establece que los sumarios sólo son públicos para las partes".

En su discurso, la jueza adelantó: "En nombre propio y de mis hijas, solicité a la Defensora General de la Nación someter a consideración la posibilidad de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", una facultad que le permtie su carácter como querellante en la causa.

Además, Arroyo Salgado hizo un pedido tanto al oficialismo y a la oposición para evitar que se politice el caso y "dejar que la justicia y el Ministerio publico fiscal trabajen tranquilos". 

"Pido prudencia, respeto, ética para la investigación y mis colegas que les toca investigar este hecho y en la medida de los posible no seguir politizando un hecho en el que todavía quedan muchas cosas por despejar", aseguró.

Exposición mediática

Arroyo Salgado aprovechó también su largo discurso ante el Congreso para cuestionar la "exposición mediática" del caso, por lo que solicitó ante la fiscalía de Viviana Fein que la actuación judicial en torno a la investigación "se ajuste en un todo a los postulados constitucionales y legales".

La jueza apuntó a la "sobre exposición mediática" del caso por la muerte de Nisman, que había denunciado a la presidenta Cristina Fernández por "encubrimiento" en la causa AMIA.

Como parte querellante en representación de las hijas de Nisman, la magistrada aclaró que "no desconoce" la "importancia del postulado constitucional que hace a la publicidad de los actos de gobierno", pero afirmó que "este hecho merece, como todos, ser tramitado bajo los postulados constitucionales".

Los otros oradores

La audiencia pública, que se desarrolló en el salón Azul del Senado, contó con la participación de los precandidatos presidenciales Ernesto Sanz (UCR), Julio Cobos (UCR) y Hermes Binner (Partido Socialista), pero no estuvieron ni la jefa de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, ni el titular del Frente Renovador, Sergio Massa.

En el marco de esta reunión convocada por el grupo "Consenso Parlamentario" que integran la UCR, el PRO, Coalición Cívica, Frente Renovador, UNEN, Peronismo Federal y otros bloques parlamentarios, representantes judiciales ratificaron la convocatoria para la marcha de silencio programada para el próximo miércoles en homenaje a Nisman.

Justamente el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, al abrir la lista de expositores remarcó que la convocatoria a la marcha que hacen jueces y fiscales "es un homenaje a un compañero que ha muerto en ejercicio de su deber".

El magistrado sostuvo que "es terrible observar que después de la denuncia que hizo" en contra de la presidenta Cristina Fernández "el fiscal debía haber sido el hombre más protegido de la República y no lo fue. Y no solo no fue protegido en vida, tampoco fue respetado en su muerte".

Por su parte, el vicepresidente primero del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Eduardo Awad, marcó que "queremos que la justicia haga su tarea" de investigación de la muerte del fiscal Nisman "despojada de cualquier tipo de presión política".

Mientras que el fiscal José María Campagnoli reiteró que "nos preocupa a los fiscales la dificultad que encontramos para trabajar con independencia y libertad".

El titular del gremio de Judiciales, Julio Piumato, apuntó que hasta ahora los fiscales podían enfrentarse a "la pérdida de su puesto de trabajo", pero eso cambió a partir de la muerte de Nisman, que definió como "un crimen político".

En tanto, Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), reflexionó que "vivimos en un país como el del '73. Ahí se instaló el asesinato político", en referencia a los años previos al golpe de Estado del '76.

El ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, apuntó que "las estructuras cuasi mafiosas de los servicios de inteligencia pertenecen y tienen la conducción política del gobierno", mientras que la legisladora porteña Graciela Ocaña hizo un llamado para ponerle "un freno al intento de copamiento de la Justicia y de la Corte".

El ex fiscal Pablo Lanusse también instó a "recuperar la República frente al autoritarismo fascista" del gobierno y resaltó que "no debemos caer más en cortinas de humo" como el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que esta tarde consiguió la media sanción del Senado.

Incluso, Lanusse sostuvo que la presidenta Cristina Fernández "no tiene autoridad moral" para impulsar una reforma de inteligencia y, casi al borde del llanto, sostuvo que la mandataria "no nos puede mirar a los ojos porque sabe que la muerte de Nisman salpica con sangre su gobierno".

En tanto, la titular de APEMIA, Laura Ginsberg, insistió que la muerte de Nisman "ha sido un crimen político", a la vez que reiteró la propuesta para que se conforme una comisión bicameral especial para investigar el atentado a la AMIA.