Cristina Kirchner propuso a Roberto Carles como candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia, para ocupar el lugar que dejó vacante Eugenioi Zaffaroni.

El anuncio lo hizo el ministro de Justicia Julio Alak y Carles es recordado por su cercanía a Zaffaroni y al papa Francisco, a quien visita a menudo en Roma, a pesar de que lo criticaba por Twitter cuando era arzobispo de Buenos Aires.

El Gobierno le había encargado coordinar la reforma del Código Penal que finalmente no se presentó tras una férrea oposición de Sergio Massa. 

Conformó ese equipo junto al radical Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo (PRO) y María Barbagelata (Frente Amplio), pero ni siquiera logró que gestionaran el apoyo de sus bloques.

Ahora necesitará del apoyo de la UCR para lograr los dos tercios del Senado necesarios para nombrar a un juez de la Corte. Sin los radicales, el kirchnerismo sólo puede llegar a ese número juntando a peronistas federales. 

Especialista en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctorado en Europa, Carlés tiene sólo 33 años y es secretario adjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC).  Dirige además el Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal.  

Su cercanía a Francisco quedó clara en junio pasado con una carta de Francisco en la que el Sumo Pontífice apoyaba la postura de esa organización en contraposición al "endurecimiento de las penas" para el abordaje de la inseguridad.

Discípulo de Zaffaroni, a quien reemplazará en el máximo tribunal si obtiene el acuerdo del Senado, Carlés encabezó el año pasado el contrapunto de la discusión pública con el diputado y precandidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, uno de los más fervientes opositores a la iniciativa.

Recientemente, Carlés respaldó desde su cuenta en la red social Twitter la decisión de la Presidenta de crear la Agencia Federal de Inteligencia, en reemplazo de la ex SIDE, y trasladar el control de las escuchas telefónicas a la órbita del Ministerio Público Fiscal.

"Si la investigación de delitos es tarea de los fiscales, es razonable que la inteligencia judicial dependa del Ministerio Público", planteó, al tiempo que destacó como lo más "importante" de la medida que se "separe la función judicial de la administrativa en materia de Inteligencia".

Para Carlés, la "administración" de la Agencia Federal de Inteligencia "debe retener necesariamente todo lo que concierne a política exterior, criminalidad organizada trasnacional, etc.".