Cristina anunció hoy por cadena nacional que trasladará al Ministerio Público Fiscal la división de la ex Side encargada de hacer las escuchas telefónicas, en el marco del proyecto de ley que enviará al Congreso para disolver la Secretaría de Inteligencia.

La presidenta quiso mostrar esta decisión como parte de su intento por hacer más transparente ese organismo. Pero en su discurso no hizo más que demostrar su confusión respecto al tema, ya que este traslado no cambiará en nada el hecho de que la mayoría de las escuchas se realicen de manera ilegal.

La mandataria basó su argumento del traslado del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal en que es "el único ministerio extrapoder", y apeló al lenguaje popular para señalar que lo que se transferirá será el sistema utilizado "cuando se pinchan los teléfonos por orden judicial", conocido en la jerga de Inteligencia como "Ojota".

La Procuraduría General de la Nación está en manos de Alejandra Gils Carbó, quien responde al Secretario Legal y Técnico Carlos Zannini.

El procedimiento

Lo cierto es que la única manera en la que se puede “pinchar” un teléfono es en el marco de una investigación presentada y fundamentada por un fiscal ante un juez, quien debe aprobar el pedido y recién entonces ordenar escuchas.

El problema es que el sistema político utilizó a la ex Side para realizar escuchas ilegales desde la dictadura hasta hoy, de las cuales no queda registro alguno. Actualmente, la mayoría de las escuchas son ilegales, porque son ordenadas por el Ejecutivo y no por el sistema judicial.

El proceso para autorizar una escucha incluso es más complicado de lo que se cree. El juez debe aceptar el pedido del fiscal para intervenir un teléfono por un plazo determinado, que debe ser lo más breve posible, ya que implica una vulneración importante de la privacidad, protegida por la Constitución Nacional.

Una vez que esas escuchas fueron desgrabadas, se debe eliminar de los registros escritos todo lo que no tenga que ver con el motivo de la causa. Luego, se guarda en una caja fuerte del juzgado, en sobres lacrados.

Asimismo, la escucha no puede prolongarse hasta que se consiga un elemento que aporte a la causa. Si en el lapso estipulado los espiados no mantuvieron ninguna conversación que pueda ser utilizada por el fiscal, deberá renovar su pedido ante el juez para prolongar la intervención. Si se le rechaza su solicitud, entonces la causa se da de baja.

Por eso en el marco de una escucha legal, que son las que ordenan los jueces y de las que quedan registros, da igual que el pedido del juez llegue a la Side o al Ministerio Público Fiscal. Este cambio en la dependencia del sistema de escuchas no contribuirá en nada a transparentar las intervenciones.

Una vez que un juez ordena “pinchar” un teléfono, la división encargada del tema tiene que enviarle la lista de las líneas que van a ser intervenidas a las compañías telefónicas. Todas las escuchas que se hayan realizado sin mediar este procedimiento son ilegales.

El problema es que todos los gobiernos de turno, desde la dictadura militar, utilizaron a la Side para realizar miles de escuchas ilegales, de las cuales no queda ningún registro y cuya decisión fue tomada por el Ejecutivo, y no por un juez.

Según distintos testimonios, durante el kirchnerismo esta situación llegó al máximo, con intervención de las líneas de políticos, empresarios y periodistas.