El abogado Mauricio D'Alessandro denunció penalmente a las autoridades de Aerolíneas Argentinas por difundir información confidencial sobre el periodista Damián Pachter, quien se fue del país por las amenazas que habría recibido tras difundir la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El diputado bonaerense del Frente Renovador se presentó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py y radicó la denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 2, a cargo del juez Sebastián Ramos.

D'Alessandro, quien recientemente promovió la medida cautelar que frenó las designaciones de fiscales de Alejandra Gils Carbó, pidió al magistrado que investigue a las autoridades de la línea aérea, encabezadas por el dirigente de La Cámpora Mariano Recalde, por los delitos de “violacion de correspondencia, violación del sistema informático, publicidad indebida de correspondencia o comunicación electrónica”.

En el escrito, D'Alessandro solicita también que se investigue a las autoridades la agencia oficial Télam (a cargo del también camporista Santiago “Patucho” Álvarez) y a los encargados de la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, que se encargaron de difundir la información sobre Pachter.

La agencia oficial y el canal de Presidencia en Twitter difundieron el sábado el número de vuelo, horario de salida y llegada, y destino de Pachter, que poco antes había comunicado que se iba del país. El Gobierno buscó así desacreditar la versión del periodista, al revelar que también tenía un boleto para regresar al país la semana próxima.

Sin embargo, el redactor del diario Buenos Aires Herald aterrizó en Montevideo y siguió viaje a Tel Aviv, donde avisó que se quedará por largo tiempo y detalló cómo fue perseguido en los últimos días.

D'Alessandro, en su denuncia, sostiene que “cuando alguien con participación en la comunicación de un hecho de la gravedad de la muerte del fiscal Nisman decide ausentarse del país para proteger su vida, la difusión de datos confidenciales y privados se torna aún más sensible que en los casos comunes”.

El abogado hace hincapié en que la información que publicó la cuenta de Twitter de la Casa Rosada (que habitualmente se dedica a hostigar a periodistas y medios opositores) es confidencial ya que no se trata de la impresión de un pasaje, sino que “se trata claramente de un print obtenido del sistema electrónico Amadeus que la empresa Aerolíneas Argentinas opera”. “Esa información, que posee Aerolíneas Argentinas, es confidencial, lo que presupone un delito por parte de esta empresa”, indica.

“Alguien que se supone tiene poder de dirección suficiente en la línea aérea de bandera, suministró a las autoridades de Telam un archivo privado y confidencial, de acceso restringido, para su difusión y publicación en un claro intento de desacreditar al periodista Pachter. Por si fuera poco, la cuenta Twitter oficial de la Casa Rosada se hizo eco de dicha información y la divulgó, lo que también tipificaría los delitos cuya investigación se solicita”, continúa.

Según adelantó el abogado a Clarín, además de la violación de secretos y privacidad agravada por el hecho de que habría sido cometida por funcionarios públicos, la difusión de la información a través de canales oficiales también viola la ley 25.326 de protección de datos personales.

En el escrito, D'Alessandro aclara que "prima facie" las autoridades de Aerolíneas " habrían incurrido en la violación de los artículos 153 y 153 bis" del Código Penal, mientras que los directivos de Télam y los responsables de @CasaRosadaAR habrían violado el 155 y 157 bis.

Como explicó LPO, Recalde incurrió en una violación del reglamento de Aerolíneas al difundir los datos del vuelo de Pachter. La empresa garantiza a los usuarios que la información ingresada en su sitio web será encriptada "para preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos considerados como personales". D'Alessandro retoma ese dato y lo vuelca en su denuncia.

Este medio había adelantado también que Recalde podría quedar implicado por violación del artículo 157 del Código Penal que prevé prisión de un mes a dos años, e inhabilitación especial de uno a cuatro años al funcionario público que revele hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos. En tanto, el artículo 157 bis del mismo Código prevé la misma pena al que "a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales". También se había explicado que la maniobra podría violar la ley 25.326 de Habeas Data, que protege los datos personales.