La ofensiva que lleva adelante el ministro de Planificación, Julio de Vido, para extender por otro año el congelamiento de las tarifas eléctricas se ha topado con un obstáculo inesperado que promete afectar tanto al gobierno nacional, como al gobernador bonaerense y candidato presidencial, Daniel Scioli.

Las cooperativas de servicios públicos de la provincia de Buenos Aires decidieron abroquelarse y resistir la prórroga del acuerdo de “convergencia tarifaria” que la administración sciolista suscribió con la Nación para no aumentar las tarifas eléctricas durante 2015 a cambio de una promesa oficial de desembolso de fondos para financiar obras y pagar parte de los salarios.

Los dirigentes cooperativistas están que trinan contra Scioli por no haber cumplido con el compromiso de autorizar un ajuste en las facturas para enero tal como habían acordado en octubre del año pasado y por su decisión de plegarse de inmediato a la nueva versión del cepo tarifario que impulsa la Nación.

Según las cuentas de las cooperativas, por el programa de “convergencia 2014” tenían que haber cobrado cerca de $ 450 millones para obras de mantenimiento e infraestructura. Pero de ese total, apenas recibieron algo menos de $100 millones. Con las mismas tarifas de hace dos años y sin la totalidad de los fondos prometidos, las operadoras eléctricas tuvieron que afrontar en 2014 los mayores costos de operación, las subas salariales y la mayor parte de las obras que se iban a pagar con los recursos nacionales.

Para este año, el panorama que vislumbran las 230 cooperativas bonaerenses que emplean a casi 3.000 operarios enrolados en el gremio de Luz y Fuerza se perfila bastante oscuro. Los números que barajan indican que, sin ajustes tarifarios, necesitarán una asistencia económica del orden de los $ 1.200 millones para poder encarar las obras prioritarias y garantizar el pago de los sueldos.

Como desconfían de las palabras de los hombres de De Vido y no quieren tener problemas con la prestación del servicio por los paros gremiales que pudieran registrarse por la falta de pago de los salarios, las cooperativas resolvieron lanzar una ofensiva a dos puntas para asegurarse la llegada de los fondos.

La ofensiva

Por un lado, hicieron público su malestar con una nota enviada al Secretario de Servicios Públicos de la provincia, Franco la Porta en la que advierten que el incumplimiento del aumento tarifario que había anticipado Scioli “está generando que nuestras asociadas ingresen en cesación de pagos en diferentes ítems que hacen a su funcionamiento como proveedores, tasas e impuestos”.

Tras calificar como “inapropiado e inviable” el acuerdo que vuelve a congelar las tarifas, le exigieron a la provincia que proceda a definir “nuevos cuadros tarifarios que contemplen los mayores costos incurridos en 2014 y que permitan hacer frente a los compromisos económicos de este año”.

Y por otro lado, el bloque de cooperativas que integran FEDECOBA, APEBA, FACE, Coopelectric y Creces convocaron a una asamblea extraordinaria para el 20 de enero en la localidad de Azul con el fin de establecer un plan de acción en caso de que no aparezcan las respuestas esperadas de La Plata.

Entre las posibles medidas que tienen en carpeta, hay dos que prometen generar mucho ruido.

La primera sería dejar de abonar la energía que reciben de la CAMMESA si los funcionarios Planificación y Economía se atrasan o no giran la totalidad de los fondos comprometidos para cada mes. De esta manera, replicarían lo que están haciendo desde hace varios meses Edenor y Edesur que ante la falta de ingresos genuinos para pagar los sueldos dejan de cancelar las facturas por la energía que reciben del sistema eléctrico nacional.

Y la segunda medida en danza sería retener parte de los impuestos y tasas que deben remitir a ARBA y a los municipios en el caso de que se queden cortas de recursos para la liquidación de sueldos y la compra de insumos críticos.

Un regalo de fin de año

Como sea, mientras siguen de cerca la “rebelión cooperativa” de Buenos Aires, las autoridades de Planificación continúan sumando la adhesión de las provincias al nuevo “acuerdo de convergencia tarifaria y federalismo eléctrico”.

Además de Scioli, hasta ahora han manifestado su apoyo al esquema que mantiene las tarifas inmóviles a cambio de fondos los gobernadores de Misiones, San Juan, Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego, Formosa, La Rioja, Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz y Santiago del Estero. Y en los próximos días se agregarán Chaco, La Pampa, San Luis y Catamarca.

La apuesta oficial es llegar a fin de enero con el visto bueno de la mayoría de las provincias, excepto Córdoba y Santa Fe que ya pusieron en marcha una actualización tarifaria de hasta el 30%.

Para los incombustibles hombres de De Vido, la decisión del ministro de Economía, Axel Kicillof de prorrogar el cepo tarifario eléctrico representó un doble regalo de fin de año.

En el plano político, lograron retomar y reforzar los contactos con los mandatarios provinciales. Y el terreno económico, han vuelto a manejar una atractiva “caja” de recursos que superará los $ 10.000 millones anuales para obras y gastos operativos de las distribuidoras eléctricas.

En principio, el programa de “convergencia tarifaria” --que se había puesto en vigencia a principios de 2014-- tenía como fecha de vencimiento el 31 de diciembre. Pero, la baja en las naftas derivada del derrumbe del petróleo en el mercado internacional y la morigeración de la inflación en las últimas semanas del año llevaron a Kicillof a cambiar el rumbo.

Ahora la apuesta oficial pasa por evitar cualquier ajuste tarifario en los servicios públicos esenciales para no reavivar las remarcaciones de precios. El equipo económico quiere arribar a la contienda electoral con la inflación más baja posible y dejarle activada la bomba de tiempo de los subsidios eléctricos y los ajustes de tarifas a la próxima administración que desembarque en diciembre.