Durante el 2014, el Pami habría tenido una recaudación anual de $46 mil millones para atender a 4,5 millones de afiliados. De esta manera, el monto per cápita mensual fue de unos $850.

De acuerdo a un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Argentino(Idesa), el organismo tendría que haber recibido el doble para poder brindar un servicio para los jubilados que tenga una calidad similar a la que reciben los activos.

Según calculan en Idesa, las obras sociales nacionales recaudaron $73 mil millones para atender a 14 millones de personas arrojando un monto per cápita mensual de alrededor de $430. Es decir, el Pami cuenta con el doble de recursos.

El problema es que el consumo de servicios por parte de los adultos mayores se estima en más de 4 veces superior que el de las personas más jóvenes.

“El sector salud sigue dando muestras de desatención y baja calidad de los servicios a pesar de que los fondos aumentaron considerablemente”, advierte el reporte.

El último caso que mostró con crudeza la situación que atraviesan los afiliados del Pami fue el de una jubilada que murió en Mendoza mientras esperaba a ser atendida. La señora de 74 años llevaba una semana buscando una clínica y la legisladora porteña Graciela Ocaña, apuntó sus cañones contra La Cámpora. La ex normalizadora de ese organismo denunció que desde el gobierno contratan militantes en lugar de médicos y enfermeros y usan la plata “para financiar ilegalmente la política”.

Los números muestran que durante la última década los recursos de la seguridad social destinados a la cobertura sanitaria se duplicaron en términos reales (descontando la inflación).

Para Idesa, el servicio deficiente del Pami “se explica por las malas reglas de organización que generan groseras inconsistencias financieras y estímulos para el despilfarro y el desvío de fondos”.

“Los afiliados que cuentan con ingresos más altos apelan a las coberturas privadas mientras que el resto es sometido al desamparo o a utilizar los hospitales públicos”, describe el informe. 

“Si bien algunos hospitales facturan esos servicios, generalmente los montos recuperados son insuficientes debido a los bajos precios que reconoce PAMI por las prestaciones y las complejidades burocráticas. De esta manera, se distraen recursos que deberían ser utilizados por gente sin cobertura y se agrega otro factor de degradación del federalismo ya que las provincias, que son responsables por los hospitales públicos, se hacen cargo de un gasto que debería ser asumido por un organismo nacional como es el PAMI”, agrega.

LPO había publicado que el organismo presidido por el extravagante Luciano Di Césare desfinancia a las clínicas y sanatorios privados que están afiliados, porque el gobierno viene aplicando una política completamente errática y discrecional con los pagos de servicios de las entidades.

“El mal uso de los fondos se sustenta en la afiliación cautiva que prevalece en el sector. Cuando una persona está disconforme con PAMI tiene muy limitadas opciones ya que no puede disponer la derivación del 100% de su cápita a otra entidad. Algo parecido ocurre con el resto de las obras sociales”, detalla el reporte de Idesa.

“La afiliación cautiva implica que los recursos pertenecen a los organismos y no a las personas. Esto genera condiciones propicias para que los fondos sean usados en fines ajenos a la atención médica con niveles de oscurantismo extremos en el manejo de la información, aspectos impropios para una república”, reza el trabajo.

Esa, justamente, fue otra de las demandas que presentó Ocaña, por la utilización del superávit del Pami para comprar títulos públicos y así financiar al Tesoro. La causa motivó un allanamiento de organismo ordenado por el juez Claudio Bonadío.

“Para no seguir perseverando en el fracaso es necesario introducir un profundo cambio de reglas en la organización del sector salud”, concluye Idesa.