El gobierno emitió deuda en el 2014 por un total de 284 mil millones de pesos, luego de una nueva colocación por casi $13000 millones informada hoy en el Boletín Oficial.

La cifra surge de sumar la totalidad de las autorizaciones publicadas por el Ejecutivo a lo largo del año y que, hasta ayer, alcanzaba los 270 mil millones de pesos, equivalentes a más de 30 mil millones al tipo de cambio oficial.

A través de diversos instrumentos en moneda nacional y extranjera, el gobierno se endeudó en casi 200 mil millones de pesos y 8.643.935.667 dólares.

El fuerte incremento del endeudamiento se debió principalmente a los acuerdos alcanzados con Repsol y el Club de París. Para cumplir con esos compromisos, se dispuso la emisión de títulos por 150.6200 millones de pesos, reglamentados por el decreto de Necesidad y Urgencia 1246.

Por otro lado, el decreto 1311 estableció la utilización de reservas de libre disponibilidad del Banco Central para pagos a organismos financieros internacionales por 3.043 millones de dólares.

Además, este año el Gobierno lanzó el BONAR 2016 y 2017 en pesos ajustables a tasa Badlar por un poco más de $20.000 millones. También realizó dos licitaciones de bonos “dollar linked” (Bonad), que están nominados en moneda extranjera pero se suscriben en pesos. El primer tramo fue por US$983,3 millones y el segundo por US$653,7 millones.

Por último, en lo que fue la más reciente jugada financiera del Ministerio de Economía, fue el lanzamiento del canje “voluntario” del Boden 2015 por dólares o Bonar 24, para lo cual se había ampliado la emisión de ese papel en unos U$S3000 millones, que podían suscribir nuevos inversores. La iniciativa no tuvo éxito: sólo consiguieron $286 millones de dólares "frescos" y apenas U$S377 millones aceptaron el cambio de un bono por otro.

En ese sentido, esta mañana se dio a conocer una nueva ampliación del Presupuesto por más de $13.000 millones, en su mayor parte para el área dependiente del ministerio de Planificación. Con esta medida, las “ampliaciones” del gasto público alcanzaron en 2014 unos $312 mil millones.

Asimismo, la resolución también habilitó al gobierno a colocar nuevos títulos públicos por 12.850 millones de pesos.

“Es una cifra relevante”, advirtió el economista del Iaraf Ariel Barraud, en diálogo con LPO.

El analista señaló a este medio que “la información de deuda está bastante atrasada”, por lo que las cifras definitivas del año pasado todavía no fueron publicadas.

A junio de 2014, la deuda pública sumaba U$S 198.863 millones, de acuerdo al último informe elaborado por la Secretaría de Finanzas. De esta manera, se ubicó unos U$S3700 millones por debajo de la registrada a fines de 2013, por efecto de la devaluación del peso.

En cuanto a esta última emisión, el monto tomado por el Estado Nacional fue destinado para financiar el presupuesto del Ministerio de Planificación, a cargo del Julio De Vido. No obstante, la medida no lleva la firma del titular de la cartera beneficiada sino las del jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof.

La decisión administrativa data del 30 de diciembre del año pasado y fue publicada hoy en el Boletín Oficial junto a otras tres, en las que se modifica el presupuesto en los ministerios de Agricultura, Salud y Seguridad. La operación que se conoció hoy no precisa la especie de los bonos emitidos, como tampoco qué organismo los suscribió y condiciones específicas como plazos y tasas de interés.

El ajuste de gastos y las fuentes de financiamiento es un acto administrativo que las distintas dependencias realizan al final de cada año para justificar su ejecución presupuestaria.

Pese a los reiterados pedidos de aclaración -y a que el ministerio suele salir a aclarar noticias ya publicadas- la dependencia a cargo de De Vido evitó dar precisiones sobre las colocaciones que se publicaron hoy en el Boletín Oficial.

Habitualmente este tipo de deuda es colocada intra sector público, más precisamente a entidades como PAMI y/o ANSEs, para evitar la salida al mercado doméstico de financiamiento.

La Decisión Administrativa justificó su aplicación para "hacer frente a los compromisos asumidos con Fidecomisos que corresponden a los subsidios establecidos por las Leyes N° 26.019 y 26.020 y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico" y a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

Asimismo, se consideró "hacer frente a las necesidades de las Empresas Nucleoeléctrica Argentina, Empresa Neuquina de Servicios Neuquina de Servicios de Ingeniería, Yacyretá y Yacimiento Carbonífero de Río Turbio".