Cuando a finales del 2013 la Legislatura de la Provincia de Mendoza dio sanción a la ley de PASO locales, todo el ambiente político festejó, teniendo en cuenta el buen desempeño de ese mecanismo para resolver los choques internos en los partidos. Con lo que no contaban ni oficialistas ni opositores, es que el propio gobernador Paco Pérez, quien apoyó la iniciativa de su propio partido, un año después desconozca uno de los puntos claves de la norma.

Se trata del apartado que establece que el Estado provincial se hará cargo de los espacios publicitarios para propaganda, en todo tipo de medios de comunicación. El fonde de este mecanismo es justamente que todos los partidos tengan las mismas posibilidades de comunicar, sean chicos o grandes, tengan o no fondos. Pero Pérez no garantizó en la reglamentación de las PASO que esto vaya a suceder sino se llega a un acuerdo con el Estado nacional, el poder consedente en lo referido a los medios audiovisuales. Según el gobernador, “la Provincia no está en condiciones de enfrentar ese gasto”.

Los primeros en sorprenderse fueron los propios justicialistas, que apoyaron el proyecto original nada menos que del titular de la bancada oficialista en el Senado, Fernando Simón. Luego vinieron los radicales y demócratas, que ven en esta movida una trampa: “Quieren usar el dinero del Estado para hacer su campaña pero a nosotros nos mandan a buscar fondos”, agitan, enfurecidos, los opositores.

El tema del financiamiento de las PASO locales estalló junto con el presupuesto 2015, que se debatirá recién en febrero. En el articulado que envió el Gobierno no estaban previstos fondos para las PASO. En Diputados, los radicales y aliados (entre otros el Frente Renovador), modificaron el proyecto original y pusieron en el artículo 1º 40 millones de pesos para tal fin, y redujeron a la mitad (de 80 a 40 millones) los fondos destinados al Fondo para la Transformación y el Crecimiento, un ente que financia a pequeños empresarios y productores.

Fue demasiado para Paco. Salió por televisión despotricando contra el radical Alfredo Cornejo, acusándolo de que quiere que “todos los mendocinos le banquen su campaña”, además de tratarlo de “mentiroso, manipular y mala persona”. En el Senado, el oficialismo hizo pesar su ajustada mayoría para pasar el presupuesto a comisiones y retomar la discusión en febrero, pero el enfrentamiento no quedó ahí.

La semana que viene, se publicará en el Boletín Oficial el decreto reglamentario de las PASO, donde se supedita el financiamiento estatal de las campañas a acuerdos con el Estado nacional. A esto ha respondido la UCR con la amenaza de una catarata de recuos extraordinarios a la Corte mendocina de cada uno de los precandidatos a lo que sea para que se anule ese decreto y se obligue al gobierno de Paco a financiar las campañas.

Pero la lucha entre Paco y los radicales no se queda ahí. En la reglamentación también prohíbe explícitamente que un candidato emanado de las primarias locales pueda ir en más de una boleta. Esto no hace más que golpear en la línea de flotación de la estraregia radical para el 2015. A principios de diciembre, el partido (con la oposición de Julio Cobos) autorizó la realización de frente con en único objetivo de que su principal candidato a gobernador, Cornejo, fuera en las listas de Unen y también en las de PRO.

La jugada de Pérez es justamente neutralizar esa posibilidad, que hizo entrar en pánico a los intendentes peronistas: de 12, 7 anunciaron que desdoblarían los comicios para escapar al juego de Cornejo y a lo que llaman “el efecto Cobos”: su muy buena imagen en Mendoza que lo hizo arrasar en el 2013 y en el 2009.

Con todo, el panorama está abierto para que el verano sea, en materia político-judicial, un campo de batalla con final abierto.