La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó a 18 fiscales federales afines, en nuevo capítulo del intento del Gobierno nacional de ocupar todos los lugares posibles en la Justicia Federal, donde se dirimen las causas más sensibles.

La movida de Gils Carbó incluye la designación de 16 fiscales en todo el país para cubrir los cargos de Fiscal General creados en el Anexo II de la Ley 27.063, el nuevo Código Procesal Penal. Esa nueva norma también la habilita a nombrar 1.700 empleados. 

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional recordó en un comunicado que cuando se trató en el Congreso el nuevo Código Procesal "desde muchos sectores se señaló que la intención era la creación de los cargos previstos en el mencionado Anexo II, para su puesta en funcionamiento mucho antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal". 

"La ley prevé la creación de una Comisión Bicameral para realizar el proyecto de implementación (art. 7), y que resulta necesario -o al menos eso se ha esgrimido como argumento- reformular la organización del Ministerio Público Fiscal para que pueda desarrollar las nuevas funciones como titular de la acción penal. Recién allí se podrán fijar las necesidades reales en materia de recursos humanos y materiales y la fecha de entrada en vigencia de la reforma procesal", señaló la asociación. 

"Toda puesta en funcionamiento de estas Fiscalías Generales, así como la designación de Fiscales subrogantes que comenzarán a cumplir sus funciones en fecha próxima, más allá del llamado a Concurso que también se formula para cubrirlas, podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción, sin ninguna conexión con la reforma procesal prevista en la ley 27.063, y aún cuando el Código que constituye su núcleo nunca entre en vigencia o su implementación se dilate en el tiempo", denunció la Asociación de Magistrados.

Gils Carbó firmó las resoluciones en el último día hábil del año, y al mismo tiempo llamó a concurso para cubrir los cargos que ocupó con suplentes. Según detalla La Nación, la Procuradora se valió de fiscales a los que el Senado les dio acuerdo para otras jurisdicciones y los desplazó como subrogantes en estos nuevos lugares.

El diario agrega que en la ciudad de Buenos Aires fueron nombrados dos fiscales ante la Cámara Federal que estarán a la par de Germán Moldes, el único que ocupaba ese lugar sin alinearse con Gils Carbó. El puesto es clave, pues deben sostener las apelaciones de los fiscales de primera instancia contra las decisiones de los jueces si deciden archivar expedientes o sobreseer imputados. Si desisten, el caso se cae, explica el diario. 

Los que acompañarán a Moldes son Miguel Ángel Osorio, ex fiscal de primera instancia ascendido a un tribunal oral aún no conformado, y el ex fiscal de Bahía Blanca Miguel Palazzani. 

En primera instancia, en Comodoro Py, fue desplazado el fiscal Jorge Taiano de la suplencia que realizaba en la Fiscalía N° 5, que ocupó el fallecido Luis Comparatore. El cargo es clave pues allí tramita la causa por Papel Prensa. En esa fiscalía fue nombrado el suplente Leonel Gómez Barbella, de Justicia Legítima, y con acuerdo del Senado para fiscal en General Pico, La Pampa, en una fiscalía aún inexistente. 

En Comodoro Py 2002 también fue designado Juan Pedro Zoni, en reemplazo de Gerardo Di Masi, que ascendió. Zoni juró anteayer como fiscal de Santiago del Estero y viene de la fiscalía antilavado que creó la procuradora. El tercer subrogante que nombró Gils Carbó en Comodoro Py es Diego Iglesias, ex secretario federal. 

Los nombramientos, agrega La Nación, se completan con Francisco Maldonado, designado subrogante ante la Cámara Federal de Mendoza; Enrique Senestrari, que investigó a la policía antidrogas y complicó a allegados al gobernador José Manuel de la Sota, fue puesto en Córdoba; Jorge Bonvehi, de La Pampa, fue designado en Bahía Blanca; Rodolfo Molina y Hernán Schapiro fueron nombrados en La Plata. Schapiro, de Justicia Legítima, juró el año pasado. 

En Rosario, fue designada Adriana Saccone, quien persiguió a los policías santafecinos involucrados en un caso de drogas, y Marcelo García Berro -de Justicia Legítima y quien acusó a José María Campagnoli en su fallido jury- fue designado en San Martín. Diego Velasco fue designado subrogante en Tucumán, Carlos Amad, de Justicia Legítima, en Salta. En Capital, ante la Cámara del Crimen, fueron nombrados los fiscales Sandro Abraldes y Fernando Fiszer. Está previsto que se designe a un nuevo fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico.