La Argentina no mostró avances en la lucha contra la corrupción desde 2001, según lo señala un informe dado a conocer hoy por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que será sometida a una evaluación suplementaria en 2016.

El organismo -que integran 34 países, entre ellos los países más desarrollados del mundo- señala que la Argentina exhibe "pocos o nulos avances en la lucha contra la corrupción", a la vez que "mantiene deficiencias en la ofensiva contra el cohecho trasnacional".

El trabajo expresa que "ante los resultados poco alentadores" evidenciados por la Argentina en la lucha contra la corrupción, el país será sometido a "una evaluación suplementaria en 2016", según difundió la agencia AFP.

Las conclusiones fueron elaboradas por el Grupo de Trabajo sobre el Soborno que hace el seguimiento de la evolución del caso argentino desde 2001 sobre la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.

"El Grupo de Trabajo está gravemente preocupado por el compromiso en el combate contra el cohecho trasnacional y por los pocos progresos que hizo Argentina desde las anteriores evaluaciones", sostiene el informe, que también hace mención al "contacto del Poder Ejecutivo con los jueces, el uso de procesos disciplinarios para presionar a jueces y el extraordinariamente alto número de vacantes judiciales y jueces sustitutos".

Para la OCDE, la "Argentina incurre en un serio incumplimiento de artículos clave de la Convención al no prever la responsabilidad corporativa en los casos de soborno y corrupción trasnacional".

La Argentina fue señalada por no haber aplicado recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OCDE desde 2001, en relación "a la competencia nacional para enjuiciar al soborno y a las deficiencias extranjeras en el delito de cohecho trasnacional".

"Han habido pequeñas o ningunas mejoras en los problemas del sistema de justicia penal", advierte el informe, que, a su vez, destaca, entre otro puntos, "los retrasos generalizados que siguen plagando la investigación de los delitos económicos".

De todas formas, el trabajo hace mención a que el parlamento argentino aprobó recientemente un nuevo Código de Procedimiento Penal, impulsado por el Gobierno, para agilizar la Justicia, el cual aún debe ponerse en práctica.

La OCDE también hace referencia a "otras cuestiones que inciden sobre la independencia del poder judicial y de los fiscales, como el contacto del Poder Ejecutivo con los jueces, el uso de de procesos disciplinarios para presionar a jueces y el extraordinariamente alto número de vacantes judiciales y jueces sustitutos".

El trabajo marca como un cambio "positivo" la apertura de investigaciones judiciales en varias de las 10 acusaciones de supuesto cohecho trasnacional desde 2001, pero advierte "el lento avance" de esas causas.

La Convención OCDE, suscripta en 1997 y aprobada en la Argentina en 2000, es el primer instrumento de alcance global sobre lucha contra la corrupción, que se centra en la faz "activa" del cohecho trasnacional, es decir en "la oferta, la promesa o la concesión" de cualquier beneficio indebido.