El kirchnerismo del Senado frenó el proyecto para indemnizar a los ex trabajadores de YPF echados en la privatización de 1991, que hace un mes fue aprobado por unanimidad en Diputados.

“Si no conocemos los números no podemos aprobarlo. Lo haremos cuando sepamos que se les va a pagar. Es todo muy lindo sancionar la ley y que después todo siga igual”, argumentó Aníbal Fernández en el recinto, antes que el oficialismo vote en contra del tratamiento sobre tablas del proyecto.

En su última sesión antes de asumir como secretario general de la presidencia, Aníbal argumentó por pedido de Pichetto, incómodo por la protesta de los exypefianos en la esquina de Callao e Yrigoyen, que debió ser vallada por la policía para evitar incidentes.

El reclamo lo habían hecho los senadores Laura Montero (UCR), Magdalena Odarda (Fap), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino), Fernando Solanas (Fap), Guillermo Pereyra (MPN) y Juan Carlos Romero, entre otros.

Como dirigente del sindicato petrolero, Pereyra recordó que a muchos despedidos de YPF “los mandaban a formar emprendimientos diciéndoles que les iban a dar trabajo en YPF, pero les dieron trabajo un año. Después los dejaron afuera porque los mandaban a licitar con los pulpos empresarios, y comenzaron a fundirse”.

La oposición estaba sorprendida porque aún cuando en Diputados el kirchnerismo apoyó la ley, los senadores no habilitaran su tratamiento en comisión y así llegaron sin dictamen a la última sesión del año.

La compensación aprobada en la Cámara baja asciende a un equivalente al valor en pesos de 956 acciones de YPF, a la cotización del cierre del Mercado de Valores de Buenos Aires del día de publicación de la norma en el Boletín Oficial, las que serán canceladas con bonos de consolidación de deuda pública.

Oscilaría desde 200 hasta 439 mil pesos, para quienes no cobraron ni un centavo por abandonar la petrolera tras la llegada de Repsol.

Los exypefianos estaban gratamente sorprendidos cuando se aprobó en la Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por Roberto Feletti, porque durante cuatro años habían recibido negativas diarias.

La respuesta era siempre la misma: el Gobierno no se anima a abrir una puerta de indemnizaciones masivas de las privatizadas que sea imposible de afrontar.

Sin embargo, en el recinto de la Cámara baja los oficialistas la apoyaron sin matices. "Aprobar este proyecto equivale a cerrar el círculo que se inició con la ley para expropiar la compañía", dijo el santacruceño Mario Metaza, presidente de la Comisión de Energía y cercano a la presidenta. Claro que en el Senado consideraron que el círculo debe seguir abierto.