Cuatro bancos internacionales le ofrecieron al gobierno comprarle la deuda a los holdouts y así terminar de cerrar el conflicto judicial con los fondos buitre, aunque las conversaciones se enfriaron cuando la semana pasada el gobierno salió a emitir U$S3000 millones de deuda.

Se trata del JP Morgan, el Credit Suisse, el UBS y el Goldman and Sachs, según contó a LPO una fuente al tanto de las negociaciones.

La estrategia consistiría en esperar a que venza la cláusula RUFO y recién entonces llegar a un arreglo con los holdouts, comprándoles la deuda a los buitres y luego acordar una recompra por parte del gobierno.

El nombre que sonaba con mayor fuerza era el de JP Morgan, la entidad que se mostró más activa con la Argentina en los últimos dos años. Este banco participó de la operación por la que se compensó a Repsol por la expropiación de YPF, y se terminó quedando con los bonos que se emitieron especialmente para el grupo español.

Por eso el JP Morgan se mencionaba en el mercado como el gran jugador que estaría detrás de la ampliación de U$S3000 millones del Bonar 24 que anunció Axel Kicillof el viernes pasado, en el marco del lanzamiento de un canje voluntario del Boden 2015.

Sin embargo, las negociaciones entre estos bancos internacionales y el gobierno se enfriaron justamente luego de esta primera salida a los mercados que realiza la Argentina en años.

Es que tal como explicó LPO, en caso de tener éxito el canje del Boden 2015 alivia los vencimientos de deuda del año próximo, por lo que se reduce la urgencia para acordar con los fondos buitre y poder salir a financiarse en el exterior a tasas razonables.

Lo cierto es que si la movida del ministerio de Economía recibe el visto bueno de los operadores y consigue estos U$S3000 millones, el gobierno demostraría que no tiene cerrada su salida a los mercados y puede conseguir los dólares con facilidad, aunque, eso sí, con un interés muchísimo más alto del que pagan los países vecinos.

Este cambio de panorama permitiría estirar lo máximo posible un arreglo con los holdouts, o hacerlo en mejores condiciones, con lo cual el gobierno no tendría que ceder su bandera anti-buitres, al menos no en su totalidad.

El elevado costo de este nuevo proceso de endeudamiento poco le preocupa a los funcionarios: al estar de salida, los préstamos los pagará el próximo presidente, quien tendrá que hacerse cargo de los compromisos asumidos durante el último año del mandato de Cristina. 

De todas formas, algunos analistas sostienen que no es una movida riesgosa porque la deuda pública en dólares respecto al PBI se encuentra en un nivel bajo, por lo que las tasas altas son perfectamente pagables.