La última sesión ordinaria de la Legislatura porteña encontrará mañana a los legisladores del interbloque K peleados entre ellos, como sucedió en buena parte del año, y sobre todo furiosos con la jefa de bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre.

Alegre negoció a solas con el PRO en las horas previas a esa última sesión, en la que el macrismo no sólo buscará sancionar el Presupuesto 2015 sino que también aprobará una postergación del canje de deuda de la Ciudad e intentará prohibir a los trapitos, entre otras cosas.

Sin consultar a sus colegas, la jefa de bloque bajó un proyecto que había presentado el interbloque kirchnerista para regular los centros culturales porteños.

La iniciativa contempla la creación de una figura legal que habilite el funcionamiento de este tipo de lugares en la Capital Federal, donde si bien no existe una cifra exacta acerca de la cantidad que hay, se calcula que superarían los 300, de los cuales al menos 35 fueron cerrados por la Agencia Gubernamental de Control por no contar con la habilitación para funcionar.

En ese marco, el interbloque del Frente para la Victoria elevó a la Legislatura hace unos meses un proyecto de ley que incluye la figura de los centros culturales y los define como “cualquier espacio no convencional, experimental o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquiera de los lenguajes existentes, que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones y muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y asistentes”.

Todo el interbloque K estaba unido detrás de esta iniciativa e incluso se habían organizado festivales para respaldar la ley.

El proyecto no tenía el aval del oficialismo, por lo que Alegre acordó con las macristas Carmen Polledo –jefa de bloque del PRO- y Lía Rueda –presidenta de la comisión de Cultura- retirarlo a cambio de que avance una iniciativa de su antecesor en el cargo, el camporista Juan Cabandié.

El proyecto de Cabandié que rosqueó Alegre con el PRO es para subsidiar a los “teatros comunitarios” con una suma de 100 mil unidades fijas por año.

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