El gobernador de Menodza, Paco Pérez, fue el primero en sentir el impacto político del acuerdo que las provincias petroleras cerraron con el CEO de YPF, Miguel Galuccio, para que se sancione la nueva ley de hidrocarburos que empujó el ejecutivo.

Enterados de los términos del acuerdo, los radicales mendocinos pusieron el grito en el cielo, denunciando Mendoza dejará de percibir unos 100 millones de pesos por año por la baja en el tributo de Ingresos Brutos que pasó para la actividad petrolera del 5 a 3%.

Ahora, cuando las negociaciones en la Legislatura provincial se iniciaron con vistas a aprobar primero las leyes de Avalúo e Impositiva 2015, la UCR le remarcó a Pérez que “de ninguna manera” aprobará esa reducción en el impuesto.

“Eso es inmodificable porque no tenemos competecia para cambiar o desobedecer una ley nacional”, ha advertido en más de una oportunidad la jefa del bloque oficialista en Diputados, Silvia Ramos, al mismo tiempo que pidió “racionalidad” a la oposición.

Asimismo, el PJ ha ofrecido tratar las tres leyes antes de fin de año, con el obetivo de abrir un canal de diálogo y negociación con la UCR. “Queremos discutir todo, no tenemos problemas, por eso proponemos que los tres proyectos se traten juntos y toquemos lo que haya que tocar”, amplió Ramos.

No obstante, desde el sector azul, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, blanqueó que hay una posibilidad de que el oficialismo acepte no bajarle el tributo a YPF y a las demás empresas petroleras. “Lo pondríamos en forma explícita en un artículo, y cuando se vote Impositiva en particular, no pasaría, pero al menos el intento lo hicimos y no incuplimos con el acuerdo que firmó el Paco”, detalló un legislador oficialista que sabe que de no destrabars este punto, el presupuesto no será aprobado.

El detalle es que la pauta de gastos del 2015 será sí o sí deficitario, y para que el Gobierno quede habilitado para tomar deuda, debe recibir el permiso de una mayoría especial de ambas cámaras de la Legislatura. Hoy por eso, esos número son inalcanzables para Pérez. Algo similar ocurrió el año pasado, hasta que en julio los radicales acordaron aprobarle al Gobierno un permiso para tomar deuda por hasta 800 millones de pesos, en un presupuesto global de poco más de 35.000 millones.

Para el año que viene, la pauta será de unos 42.000 millones, con un rojo de unos 1.200, manejable en términos relativos respecto al total. Sin embargo, el tema YPF es el que, hoy por hoy, más complica el tratamiento y eventual sansión de las leyes claves para el último año de gestión de Paco Pérez.