El Gobierno inició una fuerte presión para impedir que la oposición siga difundiendo cada mes un índice de inflación, que calcula desde hace dos años con un promedio de las consultoras privadas.
Esta práctica la lidera Patricia Bullrich y empezó hace dos años cuando Guillermo Moreno impidió a las consultoras informar sus mediciones de precios.
Como los diputados tienen fueros a la diputada del PRO se le ocurrió promediar las mediciones de todas las consultoras e informar el resultado junto a miembros de otras bancadas como “la inflación Congreso”.
El anuncio tiene algunas peculiaridades que empezaron a inquietar al Gobierno: el índice se informa con carteles grandilocuentes y Bullrich nunca desglosa los aumentos que hubo por cada sector.
Con esos elementos la ex ministra de Trabajo previno una “híper inflación” tras la devaluación de enero y para este año la inflación estimada rondaría el 40%. Kicillof parece interesado en desprestigiar este cálculo.
“El Congreso se expide a través de sus resoluciones que emana de sus cuerpos. Es inaceptable que un minúsculo grupo de legisladores que la mayoría desconoce. Para el lector y el oyente se atribuye para el índice del Congreso para el lector y oyente”, planteó Carlos Heller, diputado de Nuevo Encuentro.
Ayer el presidente del Banco Credicoop había repudiado el “índice Congreso” durante la sesión preparatoria, donde le sugirió a Julián Domínguez que deje de prestarle una oficina en el edificio anexo para anunciar la inflación de las consultoras.
En la sesión de hoy la cuestión de privilegio la había iniciado María del Carmen Bianchi, diputada del Frente para la Victoria. “Me había acostumbrado a que estos anuncios eran parte del paisaje de la Cámara. Pero ver que hablan de un índice de 40 puntos me obliga a pedir que se aclare a todas las provincias que no es algo real”.
Bullrich tuvo que defenderse. “Esto es un acto de censura. Comenzamos a difundir los índices cuando Moreno empezó a multar a las consultoras y por eso fue llevado a juicio penal. Este índice es igual al de la ciudad de Buenos Aires, el de San Luis y es tomado por jueces de paz”, se jactó.
Julián Domínguez tuvo que aclarar que la denominación Congreso se la dan los propios diputados pero carece de rigor institucional.
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