El programa "Garrafas para Todos", creado por el Gobierno nacional para mantener en $16 el valor de la "garrafa social", insumirá al menos 2.600 millones de pesos en 2015. Sumará así casi 10 mil millones de pesos desde 2008, cuando se puso en marcha. Pero lo central no es tanto el monto que se gasta -y gastará- sino que el programa no cumple su objetivo central debido a enormes falencias.

Un informe elaborado por el ex subsecretario de Combustibles Cristian Folgar aporta un riguroso análisis sobre esas falencias. El trabajo, al que accedió en exclusiva LPO, detalla cómo funciona el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y cómo el gobierno nacional subsidia a cada uno de los actores de ese mercado para que, teóricamente, la "garrafa social" se venda a $16.

El mercado se divide en tres grandes actores: productores, fraccionadores y distribuidores. Se podría incluir también al comercio minorista. Los productores (petroleras como YPF, Shell, Total, PAE, Esso, etc) reciben por cada tonelada de butano (el gas que se usa para las garrafas) 100 pesos de parte de los fraccionadores y 450 pesos de subsidio.

Los fraccionadores reciben como subsidio $11 por garrafa vendida, el equivalente de $1.100 por tonelada de butano. “Se supone que el fraccionador vende la garrafa de esta manera: al público directo $16. Al comercio minorista $15. Al distribuidor $5 por garrafa”, señala el informe. Sumado el subsidio estatl, el ingreso total del fraccionador sería $27 por garrafa vendida al público, $26 al comercio minorista y $16 al distribuidor.

En el caso de los distribuidores, reciben un subsidio de aproximadamente $10 por garrafa ($1.000 por tonelada). “Los distribuidores deberían comprar la garrafa a $5 a los fraccionadores y venderlas a $16 en los depósitos y a $15 al minorista para que este a su vez lo venda a $16 al público”, señala el funcionario del gobierno de Néstor Kirchner.

En definitiva, el Estado nacional aporta un subsidio de más de $2.550 por tonelada (450 Producción + 1.100 Fraccionamiento + 1000 Distribución), explica Folgar.

Descontrol

“El programa tiene un defecto insalvable: nadie puede (o quiere), bajo el esquema actual, manejar lo que cobran los comercios minoristas. Con lo cual no se puede garantizar precio final a ningún valor en el final de la cadena, de la manera que está estructurado el sistema”, señala Folgar.

En el informe, el economista advierte que la primera parte del esquema funciona mayormente bien. El problema comienza cuando el gas llega a los fraccionadores, sobre todo aquellos que no tienen “distribución hacia adelante”, es decir no son también distribuidores. “¿Por qué le venderían a $15 a un comercio si saben que ese mismo comercio vende luego la garrafa a $50 o más? ¿Por qué le venderían a otro distribuidor a $5 para que luego éste se quede con la renta? Si el fraccionador se puede quedar con ambos subsidios y el mejor precio de la calle, ¿por qué lo compartiría con un tercero?”, plantea Folgar. Aun cumpliendo a rajatabla el programa, no pueden controlar el resto de la cadena.

Pero los mayores problemas se dan en la distribución. Por ejemplo, los distribuidores exclusivos de YPF reciben las garrafas y deben venderlas en sus depósitos a $16 y luego llegar a los minoristas a $15. “Si pueden vender a $16 sin moverse del depósito y para vender $15 deben incurrir en los costos de distribución, la lógica diría que tienen incentivos para vender en el depósito y no distribuir”, señala Folgar.

Pero aclara: “Sin embargo hacen exactamente lo contrario, reducen el horario de atención, le dicen al público que se acabaron las garrafas. Dicen que la garrafa social se acabó como si fueran dos distintas. Son todas las mismas. ¿Por qué no quieren vender donde más renta “teórica tienen”? Porque al comercio les venden las garrafas a más de $15. Entonces vender a $16 va en contra de su propio negocio. Ningún comercio recibe la garrafa a $15”.

Folgar sostiene que el Gobierno está al tanto de estas falencias. “Tiene un contrato con la UTN para controlar. Cada vez controlan menos porque si controlan saltan las inconsistencias. Hay cerca de 100.000 actas verificando incumplimientos que no tienen sanción, pero que tampoco hicieron que el Estado deje de tirar plata en un subsidio que no le llega a nadie”, afirma.

“Últimamente el Estado dejó de auditar a los comercios minoristas. Sólo controla donde más o menos a los agentes que saben que cumplen. ¿Cómo justifica un funcionario que se sigan pagando subsidios si a su vez quienes controlan le dicen que el objetivo del programa no se está cumpliendo?”, pregunta.

10 mil millones

A partir de los datos oficiales, Folgar estima que desde que se creó el programa y hasta el fin del gobierno de Cristina se gastarán casi diez mil millones de pesos. El número surge en base a lo que la Contaduría General de la Nación informó como devengado hasta fines de 2013 y lo presupuestado para 2014 y 2015 ($1.882.970.751 y $2.598.876.000 respectivamente).

“Si sumamos la serie devengada de la CGN y suponemos que solo se gasta lo presupuestado para 2014 y 2015. Tendríamos que desde 2008 a la fecha se aplicaron a este programa $9.662.679.286. Casi 10 mil millones de pesos para hacer de cuenta que TODOS los usuarios pagan la garrafa a $16 cuando al Estado Nacional le consta que no es así”, señala el informe.

“Bastaría con consultar con las direcciones de comercio o de defensa de los consumidores de las provincias o municipios para corroborar que la mayoría de las garrafas se venden por encima de esos valores. Hoy en los comercios las garrafas de 10 kilos oscilan entre los $60 y los $80”, continúa.

Folgar sostiene que "la cadena comercial hoy absorbe todo el subsidio y no le llega nada al usuario. Dados los precios efectivos hoy de mercado de las garrafas en los minoristas no sólo el Estado podría eliminar todo el subsidio, sino que adicionalmente podría permitirle a los productores reducir la diferencia entre el precio teórico de $3.000 por tonelada y los $550 que reciben".

"Obviamente el Estado podría buscar una solución intermedia para que quienes verdaderamente lo necesitan sigan siendo subsidiados. Lo que a todas luces no tiene sentido es que sigan despilfarrando fondos públicos porque el dinero gastado no le llega a quienes se pretende beneficiar", concluye.