El Gobierno confirmó la creación de una bicameral para investigar las cuentas de argentinos en la sede del HSBC de Suiza, denunciadas el jueves por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

La información surge de la filtración de un empleado del Banco que quedó fue a manos del Gobierno de Francia. A partir de un convenio de reciprocidad, Echegaray se pudo hacer de las cuentas argentinas.

Aunque estos datos están en la AFIP hace meses, Cristina exigió instalarlos en medio del polémico allanamiento al juez Claudio Bonadío a los hoteles de Cristina Kirchner en El Calafate, denunciados por presuntos lavados de dinero.

Y mientras en el Congreso tiene frezadas las bicamerales, sobre todo la creada recientemente para investigar la historia de la deuda externa argentina.

Para las cuentas en Suiza, Cristina quiere un Congreso express. "Vamos a definir una comisión bicameral que cite a todos los responsables, por ejemplo a Alfonso Prat-Gay, que figura como apoderado de una de las cuentas encontradas en Suiza y que por ello va a tener que dar explicaciones", anunció Aníbal Fernández, presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado.

"Si esto forma parte de un comportamiento sistémico por parte de la banca extranjera para facilitar la fuga de divisas, habrá que revisar la Ley de Entidades Financieras", planteó Roberto Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados.

Según la AFIP, los argentinos que tienen dinero sin declarar en Suiza por un monto similar a la suma de los presupuestos de Educación (45.669 millones de pesos) y Salud (16.307).

De todos modos, Echegaray no podría reclamar esas sumas sino la evasión impositiva que pueda demostrar.

En la lista de empresas se encuentra Cablevisión, HSBC, Multicanal, Deustche Bank, Edesur, Loma Negra, Mastellone, Central Puerto, Exolgan, Alhec Tours, entre otras. En tanto, entre las personas y entidades se encontrarían Amalia Amoedo, Saturnino Herrera Mitjans, Pablo César Casey, Carlos Alberto Moltini, Adolfo Buratovich, Natalio Garber, Alfredo Román, Ricardo Chiantore, Alfredo Romemmers, Roberto Busnelli, Christian Bassedas, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, Adolfo Grobocopatel, Martín Silva Garretón, Raúl Moneta, Juan Bielic, Sebastián Eskenazi y Víctor Savanti, entre otros.

Deuda sin investigar

El interés de Cristina por llevar este tema al Congreso surge mientras sigue sin conocerse cuando se conformará la bicameral para investigar las negociaciones de la deuda externa de 1976 a la fecha, incorporada a la reciente ley que habilitó el pago a los bonistas en el país.

Esta comisión debe crearse con ocho miembros por cámara, quienes podrían acceder información sobre “renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar”.

El Gobierno incorporó ese artículo para fortalecerse en la votación, pero como acostumbra en estos casos, sancionada la ley nunca dio los pasos para conformar la bicameral.

El mayor temor es que se develen pormenores del canje de 2005 y sobre todo de 2010, que se llevó adelante la consultora Arcadia Advisors y tuvo como principales interlocutores del país a Amado Boudou y Hernán Lorenzino, por entonces ministros de Economía y secretario de Finanzas.

El diputado Claudio Lozano, de Unidad Popular, denunció penalmente al Gobierno por estas operaciones.

Sobre el canje de 2005 también quedan varios puntos oscuros. Muchos especialistas cuestionan haber dejado bonistas sin ingresar y así allanarle el camino a los fondos buitres, que en julio consiguieron un fallo favorables de la Corte Suprema.

“Kirchner tenía que cumplir cuatro puntos tras la negociación y cumplió uno solo. Encima en 2010 importaron un canje en paquete y eso los mercados lo ven”, le contó a LPO un miembro del equipo que participó de la primera negociación con los bonistas.