Cristina Kirchner firmó un decreto para eximir de impuestos la construcción de una planta regasificadora de gas natural licuado junto a Venezuela, aun cuando el presidente de YPF Miguel Galuccio había negado el proyecto.

“El foco está puesto en producir más”, respondió el presidente de YPF a una pregunta del senador del Faunen Jaime Linares, sobre el memorándum que Enarsa y PDVSA firmaron en 2011 para construir otra planta regasificadora lindera al puerto de Bahía Blanca.

Sin embargo el 16 de octubre el decreto 1860 de la Dirección de vías navegables, firmado por Cristina, Jorge Capitanich y Florencio Randazzo, retoma ese acuerdo que planea “desarrollar la infraestructura necesaria para la inyección de gas natural regasificado al Sistema Nacional Argentino (SNA) localizado en las cercanías de Puerto Rosales Partido de Coronel de Marina Leopoldo ROSALES”.

La decisión desorientó al mercado y a parte de la oposición, todavía sorprendida por los barcos de gas licuado que este invierno debieron esperar en el muelle de Bahía Blanca porque el sistema ya había sido abastecido. Por cada día de amarre, el gasto se incrementó en 15 mil dólares.

Cada buque que llega al país tiene un costo aproximado de 50 mil dólares y aunque no hay cifras oficiales los especialistas estiman que difícilmente se adquieran menos de 100 por invierno. Es que el creciente déficit energético obligó al país a pagar hasta 17 dólares por BTU de gas.

Como denunció el ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi, desde que YPF fue estatizada maneja los contratos y al ser una empresa privada no hay organismo de control con atribuciones para inspeccionarlos.

Hasta noviembre de 2012 las importaciones las realizaba Enarsa, controlada por Julio De Vido y ahora con el aval para volver a mover millones con PDVSA en su último año de gestión. 

Durante su reciente visita al Senado, Capitanich negó la idea de construir otra planta aun cuando él mismo había firmado el decreto.

"En cuanto a la construcción de la planta, coincido con lo que ha dicho Miguel Galuccio, porque es una opinión que nosotros hemos analizado y, en tanto y en cuanto se maximice el valor de la inversión y se establezcan las estrategias para el autoabastecimiento energético, definitivamente cambiará la modalidad de la logística y, en consecuencia, se hará innecesaria una inversión de esa naturaleza", fue la insólita respuesta. 

Consultados por LPO, el senador y el ex secretario de energía Gustavo Calleja coincidieron en que la necesidad de sumar vías de ingreso de gas licuado podría guardar relación con la participación de Repsol como vendedor.

“Con la excusa de que YPF es una empresa privada nadie la controla y no se sabe qué hace. Se supone que Repsol es un accionista y le vende sin licitación”, se indignó a LPO.

Calleja recordó que Repsol es de los principales proveedores de gas licuado y sugirió que construcción de una tercera planta regasificadora podría relacionarse al temor a un corte de suministro en plena campaña electoral.

“La red debe estar transportando como mucho 130 metros cúbicos por día, la mayoría para consumo domiciliario porque las industrias deben regular la producción. Y no se está produciendo más. El problema es que el gas no es como la luz: si lo cortas hay que restablecerlo casa por casa porque sino podes explotar todo”, explicó Calleja.