Los gobernadores se mantienen en alerta. Temen que en diciembre estalle una revuelta policial como la del año pasado. Ese tema fue uno de los ejes de una reunión convocada por el gobierno nacional la semana que pasó en Pilar, de la que participaron los ministros de Seguridad de las 23 provincias argentinas e incluso Daniel Scioli.

Según pudo saber LPO, el cónclave -que tuvo lugar en un exclusivo hotel de Pilar- estuvo centrado en el conflicto policial de 2013, que tuvo su germen en Córdoba y a los pocos días se multiplicó en casi todas las provincias del país dejando como saldo unos 18 muertos y cientos de saqueos.

“Cualquiera que busque desestabilizar algún proceso en nuestro territorio federal se va a encontrar con una respuesta unificada de las fuerzas provinciales, federales y el poder judicial”, aseguró durante el encuentro el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Gonzalo Ruanova.

La posibilidad de reclamos de las fuerzas policiales tiene en vilo al Gobierno luego de haber logrado desactivar recientemente un nuevo acuartelamiento, de un sector de la policía de Santa Cruz, que exigía al gobernador Daniel Peralta un aumento del orden del 25%.

El Gobierno nacional temía que esa protesta policial se extendiera a otras provincias y especulaba con la posibilidad de que fuera acompañada de saqueos, como sucedió en diciembre del año pasado.

Pero la tensión sigue. Berni aseguró hoy que cuenta con "informes muy confidenciales" sobre posibles "intentos de saqueos focalizados" para la parte final del año. "Ya nos hemos reunido con todos los fiscales generales y la semana que viene con los jueces federales", dijo. 

Es que el acuartelamiento de Santa Cruz fue seguido con mucha atención y preocupación. Durante los días que duró la tensión en Río Gallegos y Caleta Olivia, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, hizo varias referencias al tema en sus conferencias de prensa matutinas. Dijo que “no existe ni debe existir ninguna circunstancia que promueva saqueos” y que “la perspectiva de eventuales presunciones o movilizaciones tendientes a producir saqueos constituye apología del delito”. Y denunció a los uniformados santacruceños por "sedición", un término que el gobierno había evitado utilizar luego de la furia policial de 2013.

Desde la Procuración, Alejandra Gils Carbó envió representantes a esa provincia patagónica y logró desactivar el conflicto. Allí fue el fiscal Fernando Rodolfo Domínguez, en 2013 designado para coordinar una comisión especial creada cuando las fuerzas policiales se habían alzado en numerosas provincias.

La preocupación sigue de cara al fin de año. En la reunión de Pilar, junto a los ministros de Seguridad de las provincias estuvo convocado también Domínguez. La preocupación del gobierno se asienta en la metodología utilizada para frenar las protestas armadas de diciembre pasado, cuando los gobernadores optaron por contener a los policías cediendo a reclamos salariales y garantizando que no iba a caer sanciones sobre ellos. Dicho de manera más llana: lograron contener los alzamientos con dinero para los efectivos y con garantía de impunidad.