A veinte días de la subasta de las frecuencias de 4G, el Gobierno sigue manteniendo en secreto los detalles del proceso y sólo informó que recibió propuestas por 2.233 millones de dólares, aunque las empresas sostienen que realizaron las ofertas en pesos.

La subasta de las bandas de 4G y de un remanente de 3G se mezcló con la discusión por la nueva ley de telecomunicaciones, aunque en realidad en el mercado hay sospechas de que el Gobierno lanzó el nuevo proyecto presionado por las empresas, que durante semanas resistieron a la exigencia de poner dólares para la licitación.

Ese proceso se realizó en un inédito secretismo. La Secretaría de Comunicaciones, que dirige Norberto Berner, reunió a los representantes de Personal, Movistar, Claro y Arlink en Tecnópolis y realizó la licitación bajo un total hermetismo. La prensa no pudo entrar e incluso se dijo que los ejecutivos debieron dejar sus teléfonos celulares.

Ahora, la oposición quiere saber qué pasó con ese proceso y exige que Berner dé explicaciones en el Congreso. El diputado Hugo Maldonado presentó un Proyecto de Resolución para requerir a la secretaría de Comunicaciones de la Nación que "informe y transparente" lo actuado.

"Citar al Señor Secretario de Comunicaciones de la Nación para que informe de manera detallada en el ámbito de la Comisión de Comunicaciones, sobre las medidas oficiales adoptadas en el proceso de licitación y subasta de las frecuencias de telefonía celular 3 G y 4 G, sus bases y requerimientos", dice el proyecto presentado por el radical.

Maldonado sostiene que es necesario "dar a conocer y transparentar las características de dicha licitación y las prioridades que se han tenido en cuenta para favorecer la competencia, evitar la concentración del sector, garantizar las condiciones de acceso a la telefonía celular en todo el territorio nacional y la más adecuada regulación que permita atraer las inversiones necesarias y mejorar la capacidad y calidad de dichos servicios".

En los fundamentos del proyecto, el legislador por Chaco celebra el llamado a licitación para mejorar los servicios de telefonía, pero recalca que es "crucial" que la licitación "tenga como principal objetivo ofrecer al usuario un servicio de calidad y sostenible en el tiempo, con tarifas razonables y justas"

"En tal sentido, algunas características del proceso licitatorio resultan preocupantes, ya que parece que el gobierno nacional ha priorizado sobre toda otra cuestión el objetivo de obtener un precio muy alto en la subasta de frecuencias. Puede significar un ingreso importante para el fisco nacional, pero que no se dedicará a la inversión en beneficio de los usuarios", advierte Maldonado.

El diputado también pone el ojo en cuestiones técnicas que ya habían planteado las empresas. "Nos parece razonable la exigencia de que exista servicio en determinadas rutas, pero la obligación que se impone a todas las empresas de cubrir 26.000 kilómetros con servicio de datos no parece necesaria para la atención de emergencias, pues bastaría con que hubiese servicio de voz ofrecido por una compañía y acceso a los clientes de las demás, como ocurre en muchos otros lugares. Triplicar innecesariamente la inversión en infraestructura en zonas deficitarias en un servicio que no recibe subsidio alguno solamente hará que el usuario deba pagar un precio mayor", indica. 

Otro punto en el que hace hincapié es en la cuestión de los dólares que serán necesarios para que las empresas importen la tecnología necesaria, algo que ya habían planteado en el proceso previo. "Una vez dados los permisos para el uso de las frecuencias será preciso importar una enorme cantidad de equipos para desplegar la red y los servicios de nueva generación", plantea Maldonado, que señala como necesario que se otorguen "las suficientes garantías de acceso a los mercados externos y a la disponibilidad de divisas".

Finalmente, el diputado afirma que "la información disponible parece indicar que las regulaciones establecidas en la licitación y las condiciones de competencia que fijó para participar el gobierno nacional, benefician mayormente a las compañías telefónicas".