El kirchnerismo consolidó su mayoría en el Consejo de la Magistratura con la jueza de la Cámara del Trabajo Graciela Vázquez, elegida hoy como presidenta del organismo con los votos del oficialismo.

Vázquez asumió como representante de los magistrados por la lista Celeste. Si bien negó cualquier vínculo con Justicia Legítima, sus pares la vincularon siempre al colectivo de jueces K.

"Yo no soy ni Justicia Legítima ni de Justicia Ilegítima. Soy de la Lista Celeste", se defendía en la campaña, pero aclaraba que "respeta mucho" a la gente que participa en esta agrupación.

"Fundé la Asociación de Mujeres Juezas que la integraba la Dra. María Laura Garrigós de Rébori (actual presidente de Justicia Legítima), fui 16 años fiscal laboral y así conocí a todos los fiscales y entre ellos conozco a la actual Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó", explicaba.

Pero en la primera reunión del cuerpo sacó chapa de oficialista y votó con los seis representantes del Gobierno y a cambio de convertirse en la máxima autoridad del Consejo, donde manejará los recursos del Poder Judicial.

Para consolidar ese control, a minutos de asumir Vázquez expulsó al administrador general del Poder Judicial, Germán Krieger, y lo reemplazó por Claudio Cholakian, el ex abogado de la diputada ultracristinista Diana Conti.

Le ganó por un voto a Luis Cabral, juez de la Cámara de Casación Penal y presidente de la Asociación de Magistrados, quien obtuvo seis votos: el de su par Leónidas Moldes, los dos legisladores radicales y el de los abogados del interior y de Capital.

El gobierno logró la mayoría con sus cuatro legisladores, el representante del Poder Ejecutivo (Julián Álvarez) y el académico José Candis, elegido vicepresidente.

El martes se elegirán la conformación de las cuatro comisiones: acusación y disciplinas; selección; administración financiera, y reglamentación.

Las dos primeras son las más importantes y este año el kirchnerismo logró quedarse con la presidencia a cambio de cederles las autoridades del Consejo a los magistrados. Un acuerdo similar podría repetirse.

Pero, como adelantó LPO, el mayor interés del Gobierno es llegar a los nueve votos para alcanzar en los dos tercios y nombrar las cuatro vacantes en la Cámara de Casación Penal, clave para frenar causas por corrupción.

Para lograrlo negoció con la UCR los dos votos a cambio de la vacante de la Corte Suprema, pero ayer los radicales retrocedieron y firmaron un documento en el Senado comprometiéndose a frenar la llegada de un juez durante el Gobierno de Cristina.

Sin embargo, las sospechas están puestas en el diputado correntino Gustavo Valdes, leal al gobernador Ricardo Colombi.