"El Poder Ejecutivo Nacional designará la Autoridad de Aplicación de la presente ley". Así, sin más detalles, los senadores kirchneristas le abrieron la puerta al Gobierno para definir con total discrecionalidad la conformación del organismo que tendrá amplias facultades para la aplicación de la nueva ley de Telecomunicaciones.

Basta un rápido y sencillo repaso por el texto que se aprobó ayer en la comisión de Sistemas del Senado y que la próxima semana se aprobará en el recinto, para comprobar las amplias y en muchos casos discrecionales facultades que se le otorgan a la Autoridad de Aplicación para poner en marcha el nuevo esquema.

Sin embargo, el texto no establece ningún criterio técnico ni ningún otro requisito para la conformación del organismo. Es decir, el Poder Ejecutivo no tendrá ningún límite para conformarla. Aún con las innumerables críticas que se le pueden hacer, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual los tenía, aunque luego el kirchnerismo terminó manejándola con absoluta discrecionalidad.

"Hay muchas cosas que quedan libradas a la Autoridad de Aplicación. Me parece preocupante porque tiene mucho margen y discrecionalidad. Más allá de las intenciones de quienes elaboraron el proyecto, en 2015 puede cambiar el gobierno y tener otras intenciones", analizó en diálogo con LPO el abogado especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier.

"Muchas cuestiones importantes quedan libradas a alguien que va a designar el Ejecutivo, en base a criterios que no están estipulados. Tiene tanto poder y tanta discrecionalidad, que hubiera sido interesante que se establezcan mínimos requisitos técnicos", agregó el director del estudio Carrier y Asociados.

El especialista destacó como positivos algunas modificaciones que se hicieron al texto de "Argentina Digital", como la prohibición de que las telefónicas puedan dar televisión satelital. "Habilitarlas no era dar convergencia tecnológica, tampoco hubiera ayudado a impulsar mejoras en el servicio de banda ancha. Era abrir la puerta a otro negocio", explicó.

Pero Carrier insiste en que mucho se habló del tema de los beneficios a las telefónicas, pero poco de la Autoridad de Aplicación, un punto que mencionaron todos los especialistas y representantes del sector que participaron del debate en el Senado.

"Estamos dando un cheque en blanco. La Autoridad de Aplicación tiene muchas capacidades para regular, multar, reglamentar cuestiones importantes. Tiene mucho poder y no está claro quién y cómo lo va a ejercer. Tampoco con qué criterios la van a conformar. Estamos entrando en la dimensión desconocida", sostiene Carrier.

La polémica por la gradualidad

Un punto que también generó polémica y que sigue siendo motivo de queja de parte de las empresas es la posibilidad de que las telefónicas ingresen al negocio de la TV por cable. Sobre esto, los senadores modificaron el texto original y establecieron que no podrán ingresar inmediatamente, sino respetando cierta gradualidad y estableciendo "zonas de exclusión por plazos limitados".

Pero el problema es que esos requisitos vuelven a quedar en mano de la discrecionalidad de la Autoridad de Aplicación. Es decir que el Gobierno (éste o el próximo) determinará de qué manera, en qué plazos y en qué plazas autorizará a las telefónicas. Tampoco está claro cuáles son los parámetros para establecer las zonas de exclusión. Como esta modificación fue a pedido de las pymes y cooperativas del interior que brindan TV por cable, fuentes de la industria dijeron a LPO que podría ser una herramienta del Ejecutivo para disciplinar a esas firmas.

"Va a ser gradualmente, pero no se entienden los plazos ni los criterios que se van a aplicar para establecerlo. Puede salir bárbaro o cualquier cosa", señala Carrier, que sostiene que a diferencia de lo que plantean las empresas de TV por cable, el ingreso de las telefónicas no es una "amenaza" para ellos.

"La televisión por cable tiene una penetración del 80 por ciento en Argentina. Las telefónicas deberían ofrecer algo mejor o más barato que los operadores actuales y no es sencillo. En pocos lugares están en condiciones de brindarlo de inmediato. A partir de que excluyeron la posibilidad de dar televisión satelital, no es tan evidente el beneficio para las telefónicas", opina Carrier.

Entre otros tantos puntos en los que la Autoridad de Aplicación tendrá absoluta discrecionalidad es en el del Fondo de Servicio Universal. Se trata de un fideicomiso al que las empresas aportan desde hace años el 1% de sus ingresos, con el objetivo de realizar inversiones para que los servicios lleguen a zonas desfavorecidas. Sin embargo, como reveló LPO, ese fondo (que actualmente tendría unos 3 mil millones) no se utiliza.

"El fondo era de las empresas, por eso está creado en un banco privado. Había un mecanismo establecido para usarlo, a través de licitaciones. Ahora el Estado se lo apropia y tiene mucha discrecionalidad para usarlo", advierte Carrier. Quedará en manos, claro, de la misteriosa Autoridad de Aplicación.