Tras presentar una batería de modificaciones al texto de la ley Argentina Digital que el Poder Ejecutivo presentó a fin de mes pasado, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, emitió dictamen sobre el proyecto y confirmó que se tratará en el reciento del Senado el miércoles que viene.

Luego de semanas de discusión y rebeldía de los senadores K, finalmente se incluyó en el polémico artículo 9 la prohibición explícita para las telefónicas a brindar servicio de TV satelital y se decidió que su incorporación al negocio de la TV por cable será gradual, a un ritmo que decidirá el Ejecutivo a través de la reglamentación.

Estos dos cambios se lograron gracias a la presión de las cableras locales, pymes y cooperativas que veían su negocio amenazada por un texto que permitiría a empresas como Telefónica desplegar un servicio de TV por satélite que ya utiliza en países vecinos, y los barrería del mercado en poco tiempo. La relación de los senadores con las cableras locales fue clave a menos de un año de las elecciones en que los legisladores como Miguel Pichetto de Río Negro buscarán la gobernación en sus provincias.

Además, este tipo de conexión hubiese significado entregarle el negocio a las telefónicas sin que tuviesen que invertir en tendido de red de fibra óptica. Justamente, en el encuentro que mantuvieron ayer los senadores con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, explicó: "La intención es que por un cable pasen todos los servicios y el satélite no es un cable".

Otro cambio clave al texto original es que se volvió a incluir el carácter de “servicio público” de la telefonía, que se había intentado degradar a “interés público”. Eso hubiese significado una desregulación de las tarifas, otro “regalo” para las grandes telefónicas.

Los senadores opositores, que en un principio fueron los que acusaron al gobierno de estar entregando el sector a Telefónica y Telecom para destruir al Grupo Clarín, evitaron opinar sobre las modificaciones, de cuya elaboración no formaron parte y conocieron durante la reunión. Pidieron continuar el encuentro la semana que viene pero el oficialismo ratificó que su intención es tratar el proyecto en el recinto el miércoles próximo.

Las TICs, servicio público

También se presentó hoy un capítulo que especifica sobre las obligaciones de los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones y a los derechos de los usuarios, como el acceso a las TICs (tecnologías de la información y la comunicación) en condiciones de “igualdad, regularidad y continuidad”.

Esto significa que el nuevo concepto de TIC, bajo el cual se engloban todos los servicios que llegarán bajo un mismo cable (TV, internet y telefonía) será considerado “servicio público”, lo que habilita a la regulación de las tarifas en el sector.

La norma también introduce cambios en la reglamentación del servicio: elimina la larga distancia para llamadas dentro del país y establece velocidades mínimas de transmisión de datos.

Por otro lado, se estableció que la autoridad de aplicación de la ley deberá garantizar la “competencia y desarrollo de mercados regionales”, evitando asimetrías con las grandes empresas.

La entidad también deberá establecer programas de regularización de las licencias de las pequeñas cableras del interior, para garantizar su continuidad.

Como se explicó anteriormente, la autoridad de aplicación será la responsable de imponer el ritmo al cual las telefónicas podrán entrar al mercado del cable para garantizar la competencia justa con las pymes, pero el texto de la ley no especifica cuál será el organismo a cargo, sino que el Poder Ejecutivo será el encargado de designarlo.

Ante los cambios trascendentales que la ley impondría sobre el sector, y lo desdibujada que quedaría la función del Afsca, se especuló que Cristina Kirchner crearía un Ministerio de Comunicaciones, pero esa opción no terminó de cobrar fuerza.

Por último, el oficialismo decidió incluir en el texto de la ley los dos artículos principales del dictamen de la Ley de Neutralidad que había emitido la Comisión. Se agregaron los artículos 56 y 57 de esa norma, que fue consensuada y elaborada entre todos los bloques antes del debate de la ley Argentina Digital, y prohíbe fijar precios en el acceso a Internet de acuerdo a los contenidos.

Esto cierra las puertas a un “Internet de dos velocidades” en que usuarios y empresas podrían pagar más para tener prioridad en la transferencia de datos. Es una idea que levantó debate y polémica en EE.UU., y que busca una solución ante el problema de la inversión en las redes que requiere el creciente peso de la información que se transmite (videos en HD, particularmente).