El Gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para regular, declarar como servicio público "esencial y estratégico" y garantizar el acceso a las telecomunicaciones (voz, datos, textos y videos por Internet, telefonía fija y celular y televisión por cable), "excluyendo cualquier injerencia estatal en los contenidos del servicio".

La iniciativa, llamada "Argentina Digital", apunta a promover "el rol del Estado como planificador", la "obligación de apertura de las redes de telecomunicaciones entre los licenciatarios TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)", mientras que en telefonía busca "eliminar la diferencia entre corta y larga distancia nacional".

Así, lo hicieron saber de modo conjunto el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los ministros de Planificación, Julio de Vido y de Economía, Axel Kicillof y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.

En una convocatoria a la prensa, los funcionarios destacaron que el objetivo del proyecto es la "universalización" de los servicios y la garantía de "ecuanimidad" en la calidad de los servicios prestados.

También se indicó que separará el transporte de las tecnología de información y comunicación de los contenidos, los cuales "no tendrán ningún tipo de regulación", según aseguró De Vido.

El titular de Planificación destacó que la nueva Ley -que reemplazará en caso de ser aprobada a la vigente, que es de 1972- busca "garantizar el derecho humano a las telecomunicaciones", mientras que Berner aseguró que lo que se pretende es "desmonopolizar" el sector.

Según el Gobierno, la iniciativa permitirá "con un solo cable tener acceso a múltiples servicios", que podrán ser brindados por "múltiples empresas".

La norma -que, entre otras cosas, declara también "la inviolabilidad" del correo electrónico- apunta a que "el Estado tenga capacidad regulatoria para incentivar la igualdad de oportunidades y construir una Argentina digital que reemplace la analógica", expresó Capitanich.

De Vido, en tanto, subrayó "la universalidad del acceso" que plantea la norma y la "neutralidad de las redes".

Los funcionarios prometieron que con esta iniciativa, una sola red transportará todos los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, a la vez que el transporte y los contenidos deberán ser "unidades de negocios separados, con contabilidad separadas", afirmó Capitanich.

El Estado regulará las tarifas de interconexión "permitiendo que todos los licenciatarios, ya sean PYME, cooperativas o empresas de cable, puedan acceder a la red a un precio justo y equitativo", añadió.

La regulación establecerá también "una velocidad mínima obligatoria de transmisión de las redes de telecomunicaciones, que será actualizada cada dos años, para garantizar un acceso de calidad y equitativo en todo el territorio", señaló Capitanich.

Se estipula además que "los licenciatarios de servicios tienen la obligación y el derecho de interconexión entre sí", lo que permitirá "el acceso a las redes de los licenciatarios que no cuentan con redes propias".

Por su parte, Kicillof destacó que actualmente "cinco compañías se dividen 88 por ciento de las ventas" vinculadas con los servicios de telecomunicación.

Para el titular del Palacio de Hacienda, la nueva norma, entre otras cosas, evitará que esas empresas "nos vacunen con las tarifas".