La CGT que lidera Hugo Moyano sentó posición ante el avance del kirchnerismo con la ley de Hidrocarburos, que sería sancionada hoy en la Cámara baja del Congreso, luego de haberse aprobado en el Senado.

Todo el arco opositor manifestó su rechazo a esta nueva normativa. Para la CGT los criterios sustentados por el Poder Ejecutivo en su proyecto “van a prolongar el espíritu privatizador del neoliberalismo, verdadero origen del actual déficit en la materia”.

“Desgraciadamente esta ley confirma el modelo de renta al servicio de los concesionarios y no del interés público. En la actualidad muchos concesionarios y/o permisionarios no explotan sus pozos a la espera de esta ley que les garantizará una renta hasta la extinción del recurso y a precios varias veces superiores a sus costos sin que reciban ninguna sanción a pesar de haber obligado al país a importar recursos energéticos a precios exorbitantes”, sostiene Moyano.

“A un año de la finalización de su mandato, el oficialismo entrega millonarios recursos pertenecientes a dos o tres generaciones de argentinos y que fueron la herencia de Mosconi, Recca y otros pioneros”, afirma la CGT opositora.

“La energía debe ser considerada un recurso natural de carácter estratégico y su explotación debe contribuir al desarrollo territorial de las provincias y ámbitos de donde se extrae, es inadmisible que se persista en la visión que considera la renta como único beneficio hacia las empresas”, manifiesta un documento que hizo circular el mismo Hugo Moyano.

“También es inadmisible que los asuntos vinculados a los contratos no sean tratados con la máxima transparencia”, expresa el texto.

El proyecto incorpora un marco regulatorio para todo el país, fija un tope de regalías del 12%, un régimen de promoción fiscal para las inversiones que superen los 250 millones de dólares y establece una ampliación de los plazos de las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima argentina.

Además, establece que las emprendimientos off shore tengan un beneficio fiscal del 20 por ciento siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, dado que cuando sea superior a esa distancia será del 60 por ciento.

Para la CGT de Moyano, el proyecto enviado al Congreso “aporta poco y nada al respecto tanto en las transacciones como en el compromiso ambiental, parece que no se aprendió la lección de REPSOL cuyo daño ecológico lo pagarán los patagónicos”.

“La autoridad de aplicación no sólo ignora los costos de cada explotación sino que desconoce el nivel de las reservas. La información de que dispone es la provista por los propios concesionarios y la nueva ley profundiza esa dependencia”, argumenta la CGT.

“Durante los próximos 60 años, lo que hayan extraído del subsuelo, de acuerdo a la ley, será conocido por la autoridad y por la sociedad, exclusivamente por declaración jurada del concesionario. Vale decir el pueblo argentino jamás sabrá lo que han extraído las petroleras y lo que se llevarán de nuestro patrimonio”, denuncia Moyano.

“Los concesionarios tendrán la libre disponibilidad del recurso hasta el agotamiento del mismo (2075) y podrán girar libremente moneda extranjera: el cepo no existe para las petroleras, no sólo para las que vengan sino para las que ya están”, advierten.

“No se puede ignorar que la mirada estratégica de un país es necesaria para descubrir cómo aprovechamos el futuro y desnudamos a los oportunistas del corto plazo. Gas, petróleo y combustible son las caras de un modelo para el desarrollo argentino, el proyecto del Ejecutivo sigue sin integrarlos para lograr la soberanía energética”, concluye Moyano.