La Gendarmería allanó ayer las oficinas de Tránsito de la municipalidad de La Matanza y detuvo a siete empleados, acusados de falsificar registros de conducir y venderlos precios exorbitantes. La investigación fue impulsada por el mismo intendente, Fernando Espinoza, que descubrió “inconsistencias” en la tramitación de los documentos y lo denunció en la Justicia.

En febrero la Secretaría de Tránsito y Transporte local, a cargo de Leticia Píriz, realizó una auditoria de control rutinaria de documentación, en la cual “encontró inconsistencias en la tramitación de algunos registros con firmas y sellos adulterados”, indicaron desde la municipalidad.

La municipalidad denunció el caso en la Fiscalía Nº 6 a cargo de María Sogio y derivó en el Juzgado Nº 6 de La Matanza, a cargo de Carina Andrijasevich. La investigación incluyó escuchas telefónicas, seguimientos, hasta que ayer allaron la delegación central de Tránsito, en San Justo, en Pichincha y ruta 3, y la descentralizada sur, en ruta 3 kilómetro 32, González Catán.

Detuvieron a siete empleados y se llevaron computadoras. Los allanamientos se hicieron también en las casas particulares de los municipales. Por órdenes de la fiscalía, debió actuar la gendarmería nacional, ya que la Policía Bonaerense no podía al tratarse de empleados públicos.

Desde el gobierno de Espinoza aseguraron que “durante todo el proceso el Municipio puso a disposición de la justicia toda la información requerida por la Fiscalía, colaborando activamente en la tramitación de la causa”.