Daniel Scioli envió hoy un proyecto de ley de Autarquía Económico Financiera para el Poder Judicial. La iniciativa busca que la Justicia cuente con un presupuesto propio para asegurar su funcionamiento, fijando el sueldo de los jueces y negociando el salario de los trabajadores.

El Gobernador presentó el proyecto en un acto en el palacio de gobierno acompañado por el ministro de Justicia, Ricardo Casal y autoridades judiciales. Allí, aseguró que la autarquía “consolidará la independencia y dará la posibilidad de un salto cualitativo en el servicio de justicia”.

La autarquía era un viejo reclamo del Poder Judicial. Si bien la Constitución provincial establecía la independencia de poderes, lo cierto es que en los hechos el Ejecutivo fijaba un presupuesto que luego quedaba condicionado en la negociación salarial con el sector que llevaba adelante el propio gobierno provincial.

Una vez aprobado el proyecto, el Poder Judicial dispondrá de un “cupo presupuestario mínimo” para asegurar su funcionamiento, que se corresponderá con el 5,50% del total de los gastos de la Provincia a partir de 2016 y que llegará en forma paulatina al 7% en 2019.

Ya con la autarquía, la Suprema Corte será la encargada de negociar salarios con los trabajadores y tendrá potestades para fijar los sueldos de los jueces. Pero también tendrá autonomía para la administración de sus recursos para el servicio de justicia, mantenimiento e infraestructura.

El proyecto establece que el alto tribunal -con la participación del Ministerio Público- deberán elaborar el presupuesto del Poder Judicial que tendrá que ser incorporado “sin modificaciones” al cálculo de recursos y gastos de la Provincia.

El artículo 3 del proyecto establece que el modo de financiamiento del Poder Judicial será a partir de la aplicación del porcentaje del 8,95% sobre el total que arroje la suma de los recursos de origen provincial más los recursos de jurisdicción nacional que perciba la Provincia en cada ejercicio, en ambos casos “antes de cualquier deducción o afectación”.

El mismo artículo establece la forma de asegurar los ingresos mínimos. Así, deja en claro que si los recursos afectados al cálculo del Presupuesto fueran menores al 7% del total de los gastos de la Provincia, esa merma deberá ser compensada a través de una ampliación presupuestaria.

El Gobernador había anunciado al presidente de la Corte, Daniel Soria, su decisión de enviar el proyecto en junio pasado. Y desde entonces hubo algunos encuentros entre el ministro Casal, los jueces del Tribunal y legisladores del oficialismo. La idea fue la de alcanzar un texto consensuado.

Por el momento no se prevén roces en la Legislatura por el proyecto, al menos con la intención general de la iniciativa la mayoría de las bancadas se pronunció en favor de la autarquía.

Incluso el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, elogió la decisión de Scioli. “Me parece muy bien, creo que es un buen ejemplo de políticas de Estado que es lo que nosotros pedimos”, dijo magistrado días atrás luego en la apertura de una Conferencia de Jueces Nacionales en Mar del Plata. “Es una manera de progresar y de fortalecer las instituciones. Es un gran avance y creo que va a ser un buen ejemplo”, agregó el magistrado.

“Es un momento histórico”

“Es un momento histórico en nuestra Provincia”, aseguró Scioli, al concretar además la designación número 1.000 de cargos judiciales en su gestión. Fue en el marco de la entrega de 73 decretos que corresponden a jueces, fiscales y defensores oficiales.

Durante el acto, Scioli firmó también el proyecto de Ley que instaura el concurso anticipado en el Consejo de la Magistratura, y el proyecto que da carácter permanente a la comisión del Mapa Judicial, además de promulgar la ley propiciada por el Poder Ejecutivo, por la que se crean 30 cargos de Agente Fiscal y 20 cargos de Defensor Oficial para actuar ante el fuero Criminal y Correccional, para ser establecidos en los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

Según trascendió hoy, el proyecto de ley incluye, además, la creación de una comisión bicameral para el seguimiento de su aplicación, integrada por seis diputados y seis senadores, que podrán requerir los informes pertinentes y efectuar propuestas y recomendaciones a los otros dos poderes.