Cristina Kirchner volvió sobre sus pasos y dispuso en el proyecto de Código Procesal Penal que envió ayer al Congreso una atenuación del articulado que abría la puerta a la prescipción masiva de causas, señalado junto con la designación de fiscales adictor por la procuradora Alejandra Gils Carbó, como un intento de garantizar la impunidad de las causas de corrupción que afectan al kirchnerismo.

El proyecto que hoy estaba en las manos de los legisladores establece ahora que en las causas complejas la investigación puede durar hasta 6 años. El cambio se produjo luego de que LPO difundiera en exclusiva el primer borrador que diseñó el Gobierno, que las hacía prescribir en un año y abría la puerta a enterrar la mayoría de las denuncias por corrupción. 

En su artículo 232 y 233, el proyecto que ingresó hoy al Congreso mantiene el plazo de un año en la investigación preparatoria del fiscal, con la posibilidad de extenderlo 180 días “por circunstancias excepcionales”.

Pero los artículos 293 y 294 establece que en las causas que “resultaren complejas en virtud de la cantidad o características de los hechos, el elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada o transnacional”, se prodrá extender la investigación a un plazo máximo de 6 años y de 2 para la investigación preparatoria que excepcionalmente se podrá prorrogar otro año

Se trata de un cambio importante del borrador presentado a los jefes de bloque a inicios d este año, que tal como adelantó LPO, abría la polémica en los artículos 105 y 106. 

El primero señalaba que la investigación preparatoria debía concluir “dentro del término de tres meses a partir de la intimación del hecho al imputado. Si ese término resultare insuficiente, el fiscal deberá solicitar prórroga al fiscal de Cámara, quien podrá acordarla hasta por dos meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación”.

Y agregaba que sólo para los casos de “suma gravedad y de muy difícil investigación”, el fiscal podrá solicitar una prórroga al juez, “que no podrá exceder de un año a partir de la intimación de los hechos”.

El 106 era el más polémico porque abría el camino a las prescripción, al establecer dentro del quinto día de vencidos los plazos, “el fiscal deberá solicitar la remisión a juicio, disponer la clausura provisional o el archivo de las actuaciones”.

Y si ese tiempo pasaba, “sin que el fiscal se hubiera expedido, se archivará la causa respecto del imputado por el cual hubiera vencido y no podrá ser nuevamente perseguido penalmente por el mismo hecho”. Ante tal repercusión, Cristina decidió darle un plazo mayor.