Antonio Caló avaló los contratos laborales precarios utilizados por las empresas electrónicas en Tierra del Fuego, que este año le permitieron dejar en la calle a cerca de 6000 empleados sin pagar indemnizaciones.

El principal cómplice de esos despidos fue el líder de la UOM fueguina Oscar Martínez, diputado nacional y clave para el quórum del Frente para la Victoria.

Como explicó LPO, en febrero muchos empleados de las fábricas de Río Grande y Ushuaia se anoticiaron que sus contratos trimestrales no serían renovados y por lo tanto se quedaban sin trabajo.

Ni Caló ni mucho menos el diputado Martínez atendieron la situación y recién esta semana se mostraron en Tierra del Fuego, cuando se supo de otros 3000 despidos inminentes.

Al no haber cifras oficiales las estimaciones siempre son comparables con el personal afectado en la industria automotriz, con un agravante: como el gremio permitió contratos temporales la UOM no pudo negociar suspensiones con el 75% de los haberes, como hizo en las automotrices. 

Con el contrato finalizado, los trabajadores no tuvieron más opción que convertirse en desocupados. 

“A lo largo de este año hubo al menos 6000 suspensiones en la industria electrónica. Esto se debe a las condiciones macroeconómicas pero sobre todo que la UOM avaló estos contratos precarios”, denunció el diputado Rubén Sciutto, del Frente Renovador.

La estrategia de las empresas era simple: pagaban salarios altos pero sin relación laboral directa y ante la primera crisis los echaban. 

En casos así el gremio exige un contrato laboral permanente para prevenir problemas futuros, pero en Tierra del Fuego la UOM prefirió asociarse a las patronales. 

"Está claro que de los contratos temporales el gremio se llevaba una parte, porque sino jamás podría haberlos permitido porque le convenía el aporte a la obra social. Ahora el tema se le fue de las manos”, aseguran en Tierra del Fuego.   

La UOM ni siquiera participó de la causa judicial iniciada por Juan Escobar, ex trabajador de Radio Victoria Fueguina, una empresa de electrodomésticos de Río Grande, que entre 2005 y 2008 brindó servicios mediante contratos temporales.

La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo en primera instancia que había ordenado a la empresa pagarle una indemnización, por haber hecho tareas encuadradas en convenios laborales de la UOM, aunque al secretario general de ese gremio no le haya interesado. 

“Esta sentencia está lejos de ser arbitraria, fue muy bien fundamentada en los tres votos respecto de la utilización de los contratos a plazo fijo por las empresas y ha quedado claro que es una actividad fraudulenta. Ahora queda aguadar si la empresa acata el fallo o bien recurre ante el Superior Tribunal”, celebró Juan Sánchez Otharán, el abogado que representó al trabajador.

El senador Jorge Garramuño, del Movimiento Popular Fueguino, le apuntó además a Carlos Tomada. “Cuando se instalaron las empresas electrónicas el Ministerio de Trabajo y la UOM acordaron esta modalidad de contrato que permiten evitar que pasen a planta permanente después de un tiempo. Ahora que las condiciones se complicaron las empresas se sacaron de encima el personal”, denunció.

El aliado K cómplice

Lo más insólito de esta ola de despidos es que quien apañó los contratos temporales es desde diciembre uno de los aliados claves que tiene el kirchnerismo en la Cámara de Diputados.

Martínez fue electo con una lista propia que enfrento al Frente para la Victoria, pero ni bien obtuvo su banca la puso disposición del Gobierno. 

Con los números más ajustados, el sindicalista fue clave para aprobar la ley de abastecimiento, el pago a los bonistas en el país y el presupuesto.

Caló tampoco es ajeno al Gobierno: por ahora, es además  secretario general de la CGT oficialista. No sería la primera vez que un sindicalista cercano al Gobierno esquive la defensa de sus trabajadores y asome la cabeza cuando las denuncias explotan en Tribunales.

Armando Cavallieri, del gremio de Comercio, impidió la creación de una comisión interna e ignoró despidos en la sede porteña de Mercado Libre. La justicia ordenó reincorporar al personal.