Agobiado por un déficit fiscal que no para de crecer, Axel Kicillof comenzó a usar a Sedesa para fondear las arcas del sector público, en una maniobra que había criticado cuando los bancos quisieron hacer lo mismo en su intento de comprarle el juicio a los fondos buitre para evitar el default.

Durante el último tramo del año, el gobierno deberá cubrir un bache entre gastos e ingresos de $75 mil millones. El problema es que el Banco Central sólo puede girarle $60 mil millones, por lo que faltan $15 mil millones que deberá sacar de algún lado menos del BCRA, porque ya exprimió al límite los recursos que, de acuerdo a la Carta Orgánica de la entidad, puede transferirle al Tesoro.

De lo contrario, debería hacer una nueva reforma de la Carta, como la del 2012, o contar con la firma de los directores que deje constancia que la medida no deteriora el patrimonio de la entidad. Como adelantó LPO, los funcionarios no estarían muy dispuestos a hacerlo porque podría acarrearles complicaciones legales.

En rigor, hasta hace unas semanas el gobierno necesitaba $85 mil millones para cerrar sus gastos del último cuatrimestre. No obstante, esa necesidad fue paliada en parte con la emisión de un bono a 2016 por $10 mil millones, que suscribieron casi a punta de pistola los bancos privados (un 50%), el Nación y la Anses(otro 25%).

Sin embargo, el 25% restante, es decir unos $2400 millones, fueron colocados en la sociedad de Seguros de Depósitos (Sedesa). Esta empresa-creada en 1995- funciona como una aseguradora para los bancos y está a cargo de la administración del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

El FGD está conformado por la prima de entre 0,015% y 0,06% del promedio de los depósitos diarios que los bancos deben entregarle a Sedesa, y hasta la llegada de Alejandro Vanoli al Central, cubrían a los titulares de las cuentas (cajas de ahorro, cuentas sueldo, etc.) por hasta $120 mil para los casos en que los bancos entren en “situaciones complejas”.

Sin embargo, esta operación no se habría realizado con el aval de toda la cúpula de Sedesa. El presidente de la entidad, Enrique Arceo, es un histórico economista, hombre de consulta de Kicillof y su hijo, Nicolás, forma parte del equipo del ministro.

Además, Arceo es vice del Banco Nación y titular del Nación Fideicomisos.

Pero Sedesa posee un representante de la cámara que nuclea a los bancos de capital extranjero, ahora en la vicepresidencia de la entidad, y otro por los bancos de capital nacional, que ocupa un directorio. Fuentes del sistema financiero contaron a LPO que ninguno de los dos avaló la movida. Es decir que la autorización para que Sedesa invierta sus fondos en el nuevo bono del gobierno sólo lleva la firma de Arceo.

Quienes se opusieron fueron el titular de ABA, Claudio Cesario, y el director ejecutivo de Adeba, Norberto Peruzzotti. Los ejecutivos plantearon que la medida deteriora el patrimonio de los bancos, al debilitar el fondo creado para que a un ahorrista puedan devolverle la plata que puso en el banco a pesar de que este vaya a la quiebra. 

En definitiva, se trata de una maniobra similar a lo que hacía Domingo Cavallo con las AFJP durante la Convertibilidad: tomar fondos para cubrir el gasto público a cambio de bonos. 

Estos $2400 millones del bono que ordenó colocarles a Sedesa serían sólo el primer paso.

En ese sentido, por el decreto 540/95, la sociedad tiene que invertir sus fondos en condiciones similares a las fijadas para la colocación de las reservas internacionales de divisas del BCRA, informó hace unos días El Cronista.

Desde la prensa de Sedesa prometieron comunicarse con LPO sobre este tema pero no devolvieron el llamado.

Vanoli al rescate

Lo cierto es que el reemplazo de Juan Carlos Fábrega por Alejandro Vanoli al frente del Central se enmarca en esta intención de Kicillof de tomar el control de los depósitos. Ni bien asumió el ex titular de la CNV, dispuso un aumento en la tasa de interés para los plazos fijos en pesos, fijando un piso del 23%.

Al mismo tiempo, triplicó el importe de la cobertura de la garantía de los depósitos, de $ 120.000 a $ 350.000 por titular, una cifra que no se actualizaba desde el 2009. Es decir que ahora los ahorristas pueden ser compensados por un monto mucho mayor si el banco no puede devolverles lo que le confiaron a las entidades.

“A fin de robustecer el Fondo de Garantía de los Depósitos, en línea con el mayor nivel de cobertura, se aumentó el aporte mensual que realizan las entidades financieras a este Fondo”, argumentó el BCRA ese día.

De ahí la resolución del Central que obligó a los bancos a llevar al 0,06% del monto diario de depósitos destinados al FGD, ya que necesitará más aportes para poder hacer frente la suba en las coberturas. De esta manera, le permitiría al gobierno engrosar significativamente el monto administrado por Sedesa, que hasta ahora estaba ubicado en unos $14 mil millones.

Al abultarse el FGD, habrá más pesos al alcance de la mano de Kicillof, que podría ordenar nuevas colocaciones en ese Fondo.

Lo curioso es que Kicillof había criticado a los bancos privados cuando, en su intento para evitar el default, iniciaron negociaciones para comprarle el juicio a los buitres. El titular del Palacio de Hacienda estalló cuando se enteró que la plata saldría del FGD.

“Quieren pagar con plata de los ahorristas”, había disparado el ministro de Economía, en referencia a la idea de un arreglo que encabezó el titular del banco Macro, Jorge Brito. “Lo que nadie sabe es que lo hacen con plata de los ahorristas, con el dinero del fondo de garantía para depósitos”, consideró Kicillof, quien desafió a los banqueros a “que la compren con su bolsillo”. "Querían ser los salvadores con plata de otro", había sentenciado.

También Cristina había enfurecido cuando supo de la maniobra: “Algunos pretendían, de acuerdo a lo que leí en los diarios, (pagar) con los recursos de los ahorristas" pero "esa historia ya la ví", sentenció la mandataria. “Así también yo soy generosa y pago”, ironizó.