El karma de la gestión de Paco Pérez al frente de Mendoza, es, sin dudas, la minería. Marcó su campaña electoral y ahora cada vez que arrecian los intentos por desarrollar proyectos incluso permitidos por la restrictiva ley provincial antiminera, la 7.722, el gobernador esquiva el debate sistemáticamente.

El fin de semana, llegaron a Mendoza los empresarios rusos Kirill Zimin y Pavel Ermolaev, respectivamente ejecutivos de las empresas mineras Aterra Capital y Solway Investment, las que ahora controlan el 70% de San Jorge. Su guía y anfitrión es el presidente de San Jorge, Fabián Gregorio. El desembarco de los rusos tiene como objetivo, de una vez, reactivar el proyecto, ya sea realizando todo el proceso en Mendoza o extrayendo en la provincia y procesando en San Juan.

Para que la segunda opción sea viable, los inversores deberán construir un ramal de 22 kilómetros entre el yacimiento en Mendoza, cerca de la localidad cordillerana de Uspalata, hasta el límite con San Juan, provincia que se ha mostrado deseosa de quedarse con la parte más gruesa del negocio.

No obstante, los inversores rusos intentarán en estos días, ratificar el proyecto original, es decir realizar todo el proceso en Mendoza. Para eso han mantenido y mantendrán reuniones con diversos referentes políticos y sociales. Al primero que vieron, fue al titular de la Cámara de Diputados y precandidato a gobernador, Jorge Tanús; luego visitaron a legisladores radicales –quienes se encargaron de mantener en reserva el encuentro–, luego estuvieron con el ministro de Energía local, Marcos Zandomeni, y finalmente firmaron un acuerdo de cooperación con las Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, Asinmet. Su titular, Julio Totero, fue muy claro al remarcar primero que “la minería puede desarrollarse en Mendoza sin problemas y ser una fuente de recursos y de empleo muy importante”, para luego apuntar al sector político: “La indefinición nos cuenta recursos”.

El detalle es que el gobernador Pérez ha mandado a decirle a los rusos, según fuentes cercanas al mandatario, que no tiene intenciones de reunirse con ellos, que ya lo hizo a mitad de año y que no hace falta otra reunión. La razón es clara: los reclamos para que de una vez Mendoza, con serios problemas financieros, apuesta hacia la minería van tomando impulso en las filas del oficialismo. Uno de sus más encendidos defensores es el diputado nacional Alejandro Abraham. Pero muchos otros oficialistas entienden que, más allá de la ley 7.722, que prohíbe la megaminería en la provincia, hay numerosos proyectos que se pueden concretar, justamente como San Jorge.

Es que el yacimiento de cobre en Uspallata, departamento de Las Heras, fue, desde el comienzo, el karma de Pérez. Primero porque trabajó en un estudio jurídico que tenía a los mineros como clientes, luego porque en plena campaña del 2011, a punto de ser aprobado por la Legislatura, se vio obligado a pedirle a su partido que lo rechazara por los escraches de grupos ambientalistas, y ahora por el reverdecer de una discusión que tiene como telón de fondo los graves problemas financieros de Mendoza.

Este breve historia, según peronistas que ven con buenos ojos no sólo San Jorge sino directamente derogar la ley antiminera, “le hacen cree al Paco que todo lo referido a la minería está mal y lo va a perjudicar, parte de un prejuicio y desperdicia la posibilidad de desarrollar la actividad en una época complicada”.

Tal es la inseguridad de Pérez, que a su vez trasmite a todo el oficialismo, que en la Legislatura se demora inexplicablemente la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de dos proyectos que están perfectamente encuadrados en la 7.722. Se trata de Hierro Indio, de hierro, y Cerro Amarillo, de cobre. Pero el temor al humor social hace que el oficialismo dude.

En similar estado está San Jorge. Su DIA fue rechazada en el 2011 por pedido de Pérez, en plena campaña para la Gobernación. En ese momento, el oficialismo acató el pedido del candidato y rechazó la declaración. Ahora, tras el nuevo ímpetu que le pusieron los nuevos accionistas a San Jorge –asegurando una inversión inicial de 200 millones de dólares-, la posibilidad de reactivar la inversión suma adeptos no sólo en el oficialismo sino también en la oposición.

El detalle, una vez más, es el temor de Pérez. Según les ha manifestado a sus más cercanos colaboradores, preferiría que en Mendoza se haga la extracción de la piedra y en San Juan se procese. Claro que así los beneficios para Mendoza serán mucho menores de si todo el proceso se realiza en la provincia. Esto lo tiene claro el intendente de Las Heras y precandidato a gobernador por el PJ, Rubén Miranda.

El cacique comunal, cercano al vice Carlos Ciruca, es el que está intentando juntar voluntades en el oficialismo para plantearle a Pérez que San Jorge se desarrolle íntegramente en suelo mendocino. Trabajo para mendocinos y mayores ingresos por diversos impuestos son los argumentos. “Además seamos realistas, lo que se haga en Mendoza, o 22 kilómetros más allá, en San Juan, si es que hay impacto ambiental, será exactamente lo mismo”, dicen en el entorno de Miranda.

Con todo, Mendoza vive días convulsionados respecto al debate minero, y no ayuda para nada el ejemplo de San Juan, con jugosos beneficios por haber apostado al desarrollo de la industria, más allá de los cuestionamientos ambientales. Ahora, justamente la provincia vecina podría quedarse con la tajada más jugosa de San Jorge, un yacimiento potencialmente muy lucrativo que está 100% en territorio mendocino.