La “ocurrencia”de la agrupación de Máximo Kirchner de clonar el diario Clarín para pegarle a los candidatos presidenciales de la oposición y de peso desprestigiar al medio, ni siquiera fue original.

La Cámpora se copió del caso del gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Roberto Borge, que enfurecido con las investigaciones sobre los desastres de su gestión de la revista Luces, decidió hacerse sus propias ediciones.

Desmesurado, el gobernador de la paradisíaca Riviera Maya, clonó ocho ediciones de la revista, copiando sus tapas, pero reemplazándolas por títulos desaforadamente elogiosos de su figura. También lo hizo en internet con unas 40 ediciones del portal de la revista.

Por supuesto que Borge recibió condenas de todo el arco político y se convirtió en el hazmerreir de México.

Pero nada de eso lo detuvo en su pulsión por hacerse de una prensa a medida, igual que hizo ayer La Cámpora con su bochornosa distribución del Clarín camporistas.

Fue necesario que el juez Miguel Nahim Nicolás Jiménez, le ordenara expresamente que deje de clonar al semanario, para que Borge cesara en su fanatismo imprentero.

Por supuesto, la acusación fue negada por los funcionarios del gobernador. "Que lo prueben, porque más parece ser un linchamiento mediático que una cuestión legal", afirmó Enrique Labastida, consejero jurídico del gobernador. exhortó.

La maniobra de acoso a la revista incluyó hackear su sitio electrónico y comprar masivamente los ejemplares originales de esta revista opositora, para luego clonarlos y distribuir las ediciones con los desmesurados elogios al gobernador.

Entre otros disparates tapas con el título "Ignora Borge decálogo de mujeres" se convirtieron en "Impulsa Borge acciones a favor de las mujeres", o bien de "Gana terreno delincuencia" a "Sin tregua a la delincuencia".

Las clonaciones denunciadas empezaron en febrero de 2012. La última manipulación de una edición en papel habría sido el pasado 9 de septiembre.

El director del semanario, Agustín Ambriz sostuvo que el episodio representa "los efectos del ejercicio del poder bajo un régimen de terrorismo político y fiscal hacia todos aquellos individuos que se atreven a criticar o disentir de lo que piense, diga o decida el gobernador.