El senador y líder de los petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, votará en contra de la ley de hidrocarburos, por no lograr los cambios que pidió en el plenario de las Comisiones de Energía y Presupuesto.

“Se avanza sobre el poder concedente que tienen las provincias y no alienta ninguna inversión. La sacó el Gobierno de apuro para que entren algunos dólares. Estaban tan apresurados que hasta lo escribieron con faltas de ortografía”, le dijo Pereyra a LPO.

"No tenemos que tener apuro para tratar una ley que debe sostenerse en el tiempo, frente a un nuevo paradigma de los hidrocarburos no convencionales. Tenemos que tener un marco legal previsible, serio, responsable”, planteó quien tiene a cargo los trabajadores de Vaca Muerta, el prometedor yacimiento de shalle oil. 

El sindicalista sostuvo que el principal problema para atraer inversiones son “las condiciones macroeconómicas. Por ejemplo, esta ley podría haber discutido un tipo de cambio diferenciado”, propuso.

"Esta es una ley muy débil. Las autoridades nacionales hablan de mi millones por año, pero necesitamos 20 mil millones por año si queremos llegar al autoabastecimiento”.

“No están dadas las condiciones macroeconómicas ni las condiciones políticas, que son muy importantes. Hay una brecha cambiaria del 92 por ciento; las empresas ingresan su dólar y se llevan monedas, la relación con Estados Unidos es cada vez más tensa. Así nos terminará pasando como con Chevron, que puso las condiciones para invertir y resignamos soberanía”, se quejó.

El senador del Movimiento Popular Neuquino, que llegó el año pasado tras ganarle una interna a la lista del gobernador Jorge Sapag, les pidió ayer a Aníbal Fernández y Marcelo Fuentes modificaciones al dictamen.

“Aníbal me dijo que sí y cuando me lo mostró estaba todo igual. Por eso voy a votar en contra”, confirmó. Aunque habla a menudo con Carlos Zannini y Miguel Galuccio, prefirió reducir la gestión al parlamento.

Con su decisión le restó al kirchnerismo el voto de los diputados Adrián San Martín y María Villar Molina, laderos de Pereyra.

El principal reclamo del sidicalista es por el artículo 35 del proyecto, que menciona a “la autoridad de aplicación” con la facultad de prorrogar las concesiones. “Debe quedar taxativamente claro que esa autoridad de aplicación son las provincias”, exigió.

Tampoco coincide con darle prioridad a las empresas que ya tienen una concesión al momento de renovar un área.

“Habíamos propuesto que no sea ilimitada, sino que que se prorrogara de no mediar mejor oferta. Que no sea en forma automática otorga más y mejor transparencia", explicó.

Pereyra proponía además que la regalía mensual del 12 por ciento de los volúmenes extraídos y efectivamente aprovechados fuera calculada en base al convenio marco firmado entre la Argentina y Bolivia; o en su defecto de acuerdo con el precio internacional regional que abona el Estado nacional para su importación.

Sostenía además que debía ser del 2,5 el piso de aportes de los proyectos de inversión a ser destinado a obras de infraestructura en las provincias productoras; y que los valores de canon que debían pagar las empresas pudieran ser actualizados de acuerdo con la variación de los valores del salario mínimo, vital y móvil.

Con su negativa se diferenció del gobernador Jorge Sapag, quien tras varios tironeos se sumó al lote de mandatarios petroleros que apoyó la ley.

“En toda negociación, cuando no se puede avanzar más hay que firmar o retirarse, y el gobernador ha optado por firmar. Pero no lo voy a cuestionar, porque él es el titular del Poder Ejecutivo”, cerró Pereyra.