La Fiscalía pidió hoy tres años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en el juicio que se le sigue por el llamado "megacanje" de la deuda pública en 2001.

Fabiana León, representante del Ministerio Público, consideró que en el juicio ha quedado acreditada la responsabilidad del ex jefe del Palacio de Hacienda en el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".

El artículo 265 del Código Penal castiga con uno a seis años de prisión al funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

Pero la fiscal León eligió pedir al Tribunal Oral Federal 4(TOC4) una pena intermedia contra el acusado Cavallo: tres años de encierro más inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos.

Según la acusación el ex ministro de Economía tuvo "pleno conocimiento" de los hechos ventilados en el juicio y todo se hizo así para que un grupo de bancos internacionales actuaran de intermediarios y cobraran suculentas comisiones.

Este juicio empezó el 16 de junio con Cavallo en el banquillo de los acusados por sus supuestas tratativas con los bancos Galicia, Santander, Francés, Credit Suisse First Boston, HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney.

Sin embargo, nadie se constituyó como querellante.

Cavallo es el único ex funcionario importante del Gobierno de la Alianza que llega a juicio por el "megacanje" ya que la Cámara Federal sobreseyó por prescripción a los otros nueve procesados, encabezados por el ex secretario del Tesoro de los EEUU y banquero del Credit Suisse, David Mulford.

La lista de beneficiados también la conforman el actual diputado nacional del PRO Federico Sturzenegger; el ex asesor del Ministerio de Economía Horacio Liendo; el ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, el ex subdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen.

Y a ellos se suman el ex procurador del Tesoro Ernesto Marcer, el ex director de la Oficina Nacional de Crédito Público Carlos Molina, el ex director de Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público Norberto López Isnardi y el ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía Guillermo Mondino.

Todos ellos habían sido procesados por el juez federal Sebastián Ramos.

El gobierno de la Alianza, encabezado por el presidente Fernando De la Rúa, hizo en 2001 un "megacanje" de títulos públicos de deuda por 50 mil millones de dólares que buscó postergar vencimientos de deudas en el contexto de la crisis económica que vivía el país.

La Justicia inició una causa para investigar si se cometieron delitos en la elección del consorcio de bancos que participó de la operación y que encabezó Credit Suisse First Boston, a cargo de Mulford.

El banquero estadounidense fue citado a indagatoria en marzo de 2002 y nuevamente llamado en 2006, hace ocho años, pero nunca se presentó en los tribunales para plantear su descargo e incluso llegó a figurar como prófugo y con pedido de captura.

Los acusados primero habían recibido una falta de mérito pero luego fueron procesados, situación que la Cámara entendió que no se encontraba en los avances de la causa.