El Gobierno le reclamó hoy al juez estadounidense Thomas Griesa que rechace el pedido de los fondos buitre de declarar en desacato a la Argentina, al advertir que la solicitud es "legalmente inadmisible, inaplicable y de imposible cumplimiento". 

En el Memorandum elevado al Juzgado de Griesa, cuya copia fue distribuida esta tarde por la Casa Rosada, se advierte que "el derecho y la práctica internacionales no contemplan dictar órdenes contra Estados Extranjeros".

"Las órdenes pari passu no prohíben ni pueden prohibir la realización de actos soberanos, entre ellos, discursos de los funcionarios, publicaciones en los periódicos o comunicaciones con instituciones financieras o con otros terceros en general", sostiene el escrito.

Y agrega: "Más aún, las sanciones de desacato son ilegales en virtud del derecho y la práctica internacionales y socavan la dignidad de estados soberanos".

La presentación argumenta que el desacato civil "es una herramienta diseñada para forzar a una parte a 'depurar' la conducta violatoria de una Orden emanada de un tribunal; no es y no puede ser- como las demandantes pretenden aplicarlo aquí un castigo por una conducta pasada". 

El canciller Héctor Timerman brindó una breve conferencia de prensa durante la cual reiteró que la Argentina es blanco de "un acoso judicial" por parte de los fondos especulativos que reclaman el pago total de la deuda en default, tras haberse negado a ingresar a las reestructuraciones de deuda, y pidió a Estados Unidos que "se respeten las leyes de derecho internacional".

En ese marco, informó que también se hizo una presentación ante el Secretario de Estado de EEUU, John Kerry. 

El anuncio fue realizado tan sólo unas horas antes de la audiencia que se celebrará hoy en Nueva York, en donde el magistrado deberá resolver sobre este punto solicitado por los fondos buitre.

El otro tema sobre el que deberá resolver el veterano juez es sobre la multa de unos 50 mil dólares diarios que los holdouts quieren que se aplique sobre la Argentina, para de esta manera forzar al país a pagar los más de U$S1.500 millones de la sentencia que tienen a su favor.

El canciller recordó que las sanciones pedidas “incluyen el pago de la suma de 50 mil dólares diarios, hasta tanto no cese el supuesto incumplimiento de las mencionadas órdenes judiciales” y que “se deja expresamente abierta la posibilidad de aplicar otras sanciones que han calificado como ‘no monetarias’ y cuyo contenido no se han atrevido a definir”. 

En ese sentido, el ministro advirtió que según las convenciones internacionales “en ningún caso” puede darse curso a “las medidas de apremio solicitadas por los buitres", ya que "sostener lo contrario atentaría contra las formas más básicas de convivencia internacional que está reflejada en la carta de las Naciones Unidas”.

“En ningún caso puede dictarse contra un estado soberano una medida de apremio como la propuesta por los fondos buitre”, puntualizó Timerman, tras lo cual sostovuo que “resolver en contrario atentaría contra las normas más básicas que le dan forma a la convivencia internacional que está reflejada en la carta de la Naciones Unidas”.  

Timerman recordó que los diferentes tratados de la ONU y la OEA a los que adhieren tanto Argentina como los Estados Unidos reconocen “la igualdad soberana entre Estados” y advirtió que un potencial dictamen que declare a nuestro país en desacato por el tema de los fondos buitre “no solo viola de forma manifiesta el derecho internacional sino que es un antecedente que podría ser utilizado en el futuro” contra el país norteamericano. 

"Este dislate debió ser rechazado de inmediato y sin necesidad de sustanciarlo", sentenció el funcionario. "Esa pretensión (de los fondos buitre) implica un desconocimiento o una percepción alterada de las normas del derecho internacional vigente", añadió.

"La Orden propuesta no resolverá el estancamiento actual que enfrentan tanto las partes como el Tribunal como consecuencia de las medidas cautelares pari passu (que son de imposible cumplimiento) sino que más bien agravará la situación. Sin dudas será utilizado por las demandantes solamente para elevar aún más su retórica negativa de ataques públicos hacia la República", alerta el texto.

En tanto, en el documento dirigido por la embajadora argentina en los Estados Unidos a Kerry, Cecilia Nahón, se advierte que “una declaración de desacato implicaría una escalada sin precedentes y aún muy superior, inclusive, a la decisión de retener o impedir el cobro por parte de bonistas reestructurados” que dictó en su momento Griesa.

“La situación que ahora se presenta podría resultar en una nueva y sorprendente decisión del Poder Judicial estadounidense, atentatoria de la dignidad y la soberanía de la Argentina” además de ser “inconsistente con el derecho y la práctica del derecho nacional e internacional”, se cuestionó en la misiva.