El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luís Etchevehere, confirmó que los empresarios nucleados en el Grupo de los 6 van a recurrir a la Justicia para rechazar la Ley de Abastecimiento recientemente sancionada.

Tras una reunión en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), el dirigente dijo que van a "trasladar (el tema) a nuestros abogados y le vamos a pedir un dictamen para ver cuál es la mejor estrategia a seguir". "Esto no es ninguna novedad. Ya habíamos dicho antes que íbamos a cuestionar judicialmente la Ley si era sancionada", agregó a DyN. 

Del encuentro participaron Etchevehere; el titular de la UIA, Héctor Méndez; el de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss: el de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos De la Vega; el de la Asociación de Bancos de Capital Argentino (ADEBA), Jorge Brito y el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi.

La reunión tuvo lugar horas después de que el secretario de Comercio, Augusto Costa, mantuviera un cónclave con los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), encuentro en el cual les habría propuesto avanzar en conjunto en la reglamentación de la polémica Ley.

En un comunicado, que se conoció hoy antes de la reunión del G-6, la Junta DIrectiva de la UIA reafirmó su "rechazo a la aplicación de la Ley de Relaciones de la Producción y Consumo, que constituye una violación a la Constitución Nacional al otorgar una delegación abierta al Poder Ejecutivo". En un comunicado, el cuerpo de conducción ampliado de la central fabril hizo saber que la entidad, "en conjunto con el G-6, está evaluando posibles acciones judiciales a desarrollar".

A pesar de ello, otras entidades que integran el Grupo, como la construcción, el comercio y la Bolsa, que tienen un relación menos áspera con el Gobierno, mantienen una posición más cautelosa sobre el asunto.

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, desafió a la Justicia y afirmó que se va a saber si ese "protege a los más débiles o a los más fuertes".

"Lo que pretenden estos grandes grupos empresarios es castigar a los mas débiles y allí tiene que haber no solamente un gobierno ungido de la voluntad popular para utilizar las herramientas del Estado para proteger a los mas débiles, sino también esto debe involucrar al Poder Judicial", alertó el funcionario.

Capitanich sostuvo que "carece absolutamente de sentido" el planteo que harán los empresarios, al insistir que la flamante normativa "genera protección al productor y al consumidor".